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CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados y senadores de Por México al Frente impulsan una iniciativa para que el Fiscal General no sea propuesto por el Presidente, sino que se garantice la independencia de éste y que haya participación de la sociedad civil.

En un punto de acuerdo en la Gaceta de este miércoles y que se espera sea subido al Pleno de la Comisión Permanente, los legisladores piden que previo al nombramiento de dicho Fiscal, se realice una reforma constitucional al Artículo 102 para delinear requisitos que protejan la autonomía de éste con grupos de poder.

“No podemos permitir que sea nombrado ningún Fiscal sin que antes haya sido reformada la Constitución para dotar al Congreso de un procedimiento claro y transparente que permita que el nuevo Fiscal goce del reconocimiento y apoyo social que le permitan desempeñar sus labores de manera equitativa e imparcial”, argumentan.

En el documento se subraya que esta exigencia también ha sido expuesta por la sociedad civil y por legisladores, pero no ha sido desahogada por el Poder Legislativo.

“Lo que México necesita es la reconstrucción de la institución del Ministerio Público como representante de la sociedad y de la libertad que otorga la autonomía para que, incluso, el Presidente pueda ser juzgado por conductas delictivas”, apuntan.

En esta iniciativa con proyecto de decreto se lanza un reproche al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien en días pasados comentó que el Fiscal sería propuesto por el titular del Ejecutivo federal.

“Este planteamiento ampliamente respaldado (autonomía), ha sido soslayado por quien hoy es el candidato ganador de la elección presidencial llevada a cabo el pasado domingo 1 de julio”, indican.

“Nos encontramos plenamente convencidos de que el derecho de acceso a la justicia que nos ha sido negado consuetudinariamente por el régimen priista que destruyó nuestras instituciones, no depende del nombramiento de una persona, sino de la reconstrucción de la arquitectura que nos hemos dado”.

Entre los requisitos propuestos para modificar el artículo 102 de la Constitución Mexicana se enlista: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho.

Así como gozar de buena reputación, “independencia, honradez, alta calidad moral, compromiso con la protección de los derechos humanos” y no haber sido condenado por delito doloso.

“La ley establecerá criterios,objetivos para la evaluación del perfil”, añaden.

El periodo que asumirá las funciones será de 9 años.

El Fiscal, plantean, deberá ser elegido de entre 10 candidatos, lista que “deberá integrarse mediante un proceso transparente y público, con participación de la sociedad civil, que evalúe la idoneidad para el cargo”.

La lista, junto con la evaluación, deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes y ambas serán enviadas al Ejecutivo federal.

Al Presidente, acotan, sólo corresponderá recibir la lista de aspirantes propuestos por la sociedad civil, formular una terna y enviarla a la consideración del Senado.

“En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado podrá designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 1, en un plazo de 10 días desde las comparecencias públicas”, se advierte.


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