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MÉXICO .-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que existe descoordinación entre los Gobiernos federal y estatales para combatir la trata de personas.

En específico se refirió a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de de estos Delitos, la cual fue aprobada hace seis años.

“(La CNDH) observa con preocupación la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de Gobierno para asegurar su implementación en el País”, criticó la Comisión.

“E insuficientes esfuerzos para garantizar a las víctimas los derechos que en ésta se señala, especialmente, en materia de identificación, reinserción y reparación del daño”.

En la víspera del Día Mundial contra la Trata de Personas, el organismo urgió al Gobierno mexicano ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“(En el ámbito Federal) la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos es aún un reto”, agregó la CNDH.

“Los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas, que implica el deber de prevención, siguen sin ser garantizados por el Gobierno de México”.

Asimismo, llamó también a cumplir con las recomendaciones que ha emitido por violaciones a los derechos de jornaleros indígenas, quienes podrían ser víctimas de trata, al ser explotados laboralmente.

Al respecto, recordó que en 2016, 2017 y 2018 ha emitido recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a las autoridades de Baja California Sur, San Luis Potosí y Colima, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, por las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.

En un comunicado, la CNDH reprochó que a nivel estatal se carece de programas con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas.


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