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México  .-El Presidente de la Suprema Corte de Justicia aclaro hoy que será el máximo tribunal el que resuelva, en definitiva, si es posible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar la desaparición de 43 normalistas en Iguala, en 2014.

Luis María Aguilar, Presidente de la Corte, notificó un acuerdo en el que detalló la ruta legal para que los Ministros revisen si es posible ejecutar las cuatro sentencias dictadas en junio por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó crear la Comisión y desconoció la investigación de la PGR.

Múltiples autoridades han rechazado acatar esta sentencia, pues la Comisión estaría integrada por representantes de las víctimas y la CNDH, que dictarían las líneas de investigación, con la PGR como mera auxiliar.

En julio, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Sabino Pérez, resolvió que existe “imposibilidad jurídica” para ejecutar los amparos en lo que respecta a la Comisión, ya que se violarían las facultades Constitucionales del Ministerio Público.

Aguilar desechó hoy, por improcedente, una solicitud de la PGR para atraer la revisión de estos fallos del tribunal unitario, que inicialmente serán revisados por el mismo tribunal colegiado que ordenó crear la Comisión.

Según la PGR, es imposible que el tribunal colegiado revise con imparcialidad si su propia sentencia es imposible de cumplir, pero Aguilar aclaró que, sin importar lo que resuelva el colegiado, el caso tendrá que ser enviado a la Corte.

“Debe destacarse que lo que al efecto se resuelva, con independencia de su sentido, necesariamente será materia de análisis por este Alto Tribunal”, afirmó Aguilar, al desechar la solicitud de atracción 503/2018.

El Ministro urgió al tribunal colegiado de Reynosa “a emitir a la brevedad la determinación que considere pertinente en el incidente sobre imposibilidad para cumplir la sentencia, y con independencia del sentido de esa resolución, remita a este Alto Tribunal el asunto”.

Una vez en la Corte, ésta revisará el caso como incidente de inejecución de sentencia, con facultades para determinar si el tribunal colegiado se excedió al ordenar la Comisión de la Verdad.

“Resulta necesario que este Alto Tribunal analice si la sentencia es congruente con la litis planteada, y en su caso aclare las imprecisiones que contenga, para que sean acordes con el acto reclamado”, señaló Aguilar.

Agregó que, aclaradas las imprecisiones en las sentencias, se resolverá qué puntos decisorios no pueden tomarse en cuenta para exigir cumplimiento a las autoridades.

Si la Corte determinar que la Comisión de la Verdad fue un exceso del tribunal colegiado, las autoridades no tendrán que cumplir esa parte de los fallos.

Cabe recordar que los únicos “actos reclamados” en estos amparos, fueron autos de formal prisión por delincuencia organizada contra miembros de Guerreros Unidos que confesaron el secuestro y asesinato de los normalistas.


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