ALBERTO CHIU*
ALBERTO CHIU*

Mientras las cifras indican que la violencia en México crece inexorablemente, parece que el aparato del Estado hace el mayor de los esfuerzos posibles por “suavizar” la cruda realidad mediante la modificación del lenguaje, el cambio de términos técnicos-legales por palabras que, pretendidamente, buscarían matizar el impacto de dicha violencia en la sociedad, como para que “no se note” o para que la percepción ciudadana cambie.

En los últimos años, el creciente interés en la defensa de los derechos humanos y la asimilación y compromiso con el cumplimiento de tratados internacionales en la materia han provocado diversos cambios en los términos que antes se usaban comúnmente para hablar de tan delicado tema, bajo la premisa de que algunas palabras llegan a convertirse, precisamente, en violatorias de los derechos de alguien que ha cometido un delito.

Quizá una de las modificaciones más recientes, de las que se ha podido percatar la ciudadanía, es el que a una persona que está presa en una cárcel ya no se le dice “reo” o “presidiario”, sino “persona privada de la libertad”, un “PPL”. Todo, claro, para salvaguardar los derechos humanos de esa persona y no denigrarla con términos que resultarían infamantes, deshonrosos.

En ese mismo sentido, al ahora tan valorado “principio de presunción de inocencia” exige (sí, es una exigencia) que toda persona indiciada por la comisión de un delito tenga que ser considerada como “presunto culpable”, hasta que no se demuestre su inocencia y, efectivamente, llegue a ser declarada su culpabilidad por un juez competente.

De modo que el uso de la terminología llana y popular de la violencia, aquella que luego muchos recordarán y reconocerán como todo un género impulsado por revistas especializadas de “nota roja”, ha quedado más bien en el ámbito de los criterios periodísticos, en manos de quienes corren la aventura de hablar de levantones y secuestros, en vez de “privaciones ilegales de la libertad”; o de ejecuciones en lugar de “homicidios dolosos”; o de balaceras en lugar de “enfrentamientos con detonaciones de armas de fuego de diverso calibre”, o mejor aún, hablar de muertos en lugar de “personas sin vida”.

A los ojos de diversos especialistas en temas jurídicos, estas modificaciones en el lenguaje, en las palabras con las que se describe la violencia que padece nuestro país, no son más que el reflejo del “hipergarantista” sistema de justicia que se ha venido construyendo hasta llegar al actual penal-adversarial, o de juicios orales, cuya efectividad todavía está a prueba y en espera de algún reconocimiento por parte de la sociedad, que más bien lo señala como ineficiente y hasta promotor de la impunidad.

Más aún, hay incluso quienes ven en este cambio de lenguaje la actualización de aquel concepto que el escritor inglés George Orwell delineaba en su novela 1984 como “neolengua” (el newspeak), la creación de todo un vocabulario con palabras que modificarían el pensamiento del pueblo para, en un momento dado, hacer que su pensamiento coincida (o más bien, se alinee) a los intereses del Partido (el gobierno totalitario) y elimine cualquier pensamiento que vaya en contra de él, lo proscriba o se convierta en motivo de persecución.

Quizás no hayamos llegado (todavía) tan lejos como planteaba Orwell, pero sí creo que ese cambio de lenguaje intenta hacer un cambio de mentalidad con el objetivo de “suavizar” realidades que antes nos eran sensiblemente escalofriantes, y que ahora ya no se ven ni se escuchan igual.

Lo que sí se ve igual, o peor, es la realidad. Esa realidad que la gente escucha o ve por sí misma o por diversos medios de comunicación electrónicos, principalmente en redes sociales. Y es la misma gente, al percibir esa realidad, quien señala que la autoridad “se hace tonta” o “es ingenua” al suavizar los términos y no llamar “al pan, pan, y al vino, vino”.

Y por si fuera poco, parece que en estos tiempos quienes se han abrogado la utilización indiscriminada, cruda, descarada y ofensiva de todos esos términos violentos, son muchos y muy famosos grupos musicales e intérpretes de los llamados narco-corridos o la música “alterada”, que sin rubor alguno describen, a los cuatro vientos, cómo tal o cual cártel o sicario asesinó o planea asesinar a sus enemigos, o qué droga sintética consumen e invitan al consumo, o cuál es la bebida favorita para envalentonarse y cometer ilícitos, presentándolo casi como si fuera una fiesta.

En estos casos (los de la música violenta, muchas veces misógina), por el contrario, parece haber un impasse del que no hay salida pronta ni sencilla, debido a una montaña de intereses de artistas, casas productoras, disqueras, televisoras, representantes… y hay quien dice que también de los propios líderes delincuenciales. Ahí, no hay modificación del lenguaje. Y pareciera que a la autoridad no le interesa ni un poquito meterse en ese berenjenal.

Cierto, la prevención, el combate y la erradicación de la violencia no se dará de la noche a la mañana por más “bonito” que intentemos hablar de ello. O por más “suaves” que sean los términos que usemos para referirnos a ella. Hará falta más trabajo de la autoridad, más participación de la ciudadanía, más compromiso de todos. Pero sin tratar de ser más papistas que el Papa, hay que llamar a las cosas por su nombre, para poder dimensionarlas correctamente y no pretender vivir en una burbuja de cristal donde todo es color de rosa y la realidad no es… tan real.

 

*Producción.

NTR Medios de Comunicación


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