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MÉXICO .-El polémico empresario queretano Javier Rodríguez Borgio, ex propietario de una cadena de gasolineras involucrada en ordeña y en su momento investigado por lavado de dinero, ahora le adeuda al fisco casi 600 millones de pesos de sus casinos Big Bola.
El Servicio de Administración Tributaria fincó un crédito fiscal de 591 millones de pesos a la empresa dueña de los casinos Big Bola, propiedad de los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio.
La Administración de Fiscalización Estratégica del SAT determinó que Comercial de Juegos de la Frontera, permisionaria de Big Bola, incurrió en incumplimientos fiscales por nueve conceptos distintos durante el ejercicio de 2014.
Las omisiones más importantes, que abarcan casi 92 por ciento de la deuda, fueron en contribuciones relacionadas con el negocio del juego: el aprovechamiento de 1 por ciento a la Secretaría de Gobernación, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava con 30 por ciento a los apostadores y retienen los casinos.
El crédito fiscal original contra Big Bola es por 144.5 millones de pesos, pero con actualizaciones, recargos y multas quedó fijado en 591 millones, según el mandamiento de ejecución que el SAT notificó desde el pasado 24 de mayo.
Abogados de los casinos Big Bola informaron ayer a Grupo REFORMA que los montos requeridos por el SAT están en proceso de compulsa y se busca llegar a un convenio de pago.
Y mientras Rodríguez Borgio huye del fisco en México, en sus redes sociales presume sus exóticos viajes por todo el mundo con su pareja, la Miss Venezuela Earth 2017, Ninoska Vásquez.
Además exhibe sus residencias, aeronaves, yates, conciertos y su rancho “La Caprichosa” en Sevilla, España de 152 hectáreas con decenas de finos caballos.
En 2014, Big Bola reportó ingresos totales por casi 7 mil 300 millones de pesos, pero no pagó Impuesto sobre la Renta, alegando que su resultado fue de pérdida fiscal.
Al cierre de junio pasado, la empresa reportó pasivos por mil 762 millones de pesos, incluidos 948 millones en “impuestos por pagar”.
Comercial de Juegos es dueña de 18 casinos Big Bola en nueve estados y tiene un permiso por tiempo indefinido otorgado en 1997, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, prácticamente la única empresa del sector que tiene un permiso sin límite temporal.
En 2016, la Dirección General de Juegos y Sorteos autorizó a Big Bola a recibir apuestas por internet, y el año pasado, le permitió los “sorteos” Black Jack, Bacará, Texas Hold Em, Poker, dados y ruleta, adicional a las máquinas de bingo electrónico, similares a las tragamonedas.

Confusión fiscal
El caso de Big Bola ilustra la complejidad del entramado legal y tributario para la industria del juego, donde no hay claridad para calcular los impuestos.
Por ejemplo, para el 1 por ciento de aprovechamientos, Big Bola descontó 2 mil 739 millones de pesos que los clientes apostaron, pero que les devolvió el casino, no obstante que el permiso de Segob afirma que el 1 por ciento debe aplicar sobre “el total de las apuestas efectuadas”.
El tema del IEPS también es complicado y ha provocado conflictos del SAT con otras empresas, como Apuestas Internacionales, filial de Televisa que opera los casinos Play City.
El 20 de agosto de 2017, por 3 votos contra 2, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia falló contra Televisa y estableció que debía retener IEPS por los montos totales registrados en las tarjetas que usan los jugadores de bingo electrónico, ya que son apuestas aunque los casinos lo presenten como un “sorteo”.
La empresa Exciting Games, que operaba los casinos Kash antes de ser clausurada por Gobernación, todavía litiga contra un crédito fiscal de 170 millones de pesos, derivado del IEPS que retuvo a apostadores en 2009.


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