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México  .-Familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala se manifiestaron en la Suprema Corte de Justicia, donde derribaron vallas de seguridad para instalarse en la entrada principal, lo que provocó el cierre de todos los accesos al tribunal.

La protesta fue paralela a la sesión pública de la Corte donde se debatió la Constitución de la Ciudad de México.

Los inconformes pidieron ser recibidos por el Pleno de la Corte, que estudia la posible atracción de recursos relacionados con la sentencia de un tribunal federal de Reynosa, que ordenó crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para indagar de nueva cuenta la desaparición de los jóvenes en 2014.

Fuentes de la Corte informaron que la posibilidad de recibir a los familiares fue planteada en privado el jueves pasado por el Presidente Luis María Aguilar a sus colegas, antes de la sesión pública del Pleno.

Sin embargo, el Pleno no acostumbra recibir como tal a las partes que participan en los litigios, sino que cada Ministro, y el propio Presidente, deciden con quién se reúnen.

Los familiares fueron recibidos por Francisco Barradas Vista, asesor de Aguilar que maneja la atención a ciudadanos, pero exigen ver a los Ministros.

A estas alturas, es un hecho que la Corte es la que decidirá si la Comisión de la Verdad, ordenada hace casi tres meses por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, realmente llegará a existir.

La Corte puede resolver revisando la sentencia de un tribunal unitario de Reynosa, que en julio declaró que es jurídicamente imposible integrar la Comisión, en la cual la PGR sería mera auxiliar, y las líneas de investigación serían dictadas por representantes de las víctimas y la CNDH.

Otra opción es que la Corte resuelva por medio de incidentes de inejecución de sentencia, en los cuales puede revisar si el tribunal colegiado excedió lo planteado en los cuatro amparos en los que ordenó la Comisión.

Esos amparos fueron promovidos por integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato y quema de los cadáveres de los normalistas, para impugnar los autos de formal prisión que les fueron dictados por delincuencia organizada.


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