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MÉXICO.- A días de que inicie la próxima Legislatura del Congreso, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, insistió en la necesidad de hacer cambios al sistema penal acusatorio para hacerlo más eficiente y evitar el fenómeno de la llamada “puerta giratoria”.

Durante la inauguración del Congreso Internacional Nuevo Modelo de Fiscalía, el funcionario insistió en aplicar prisión preventiva oficiosa a dos delitos: el robo de hidrocarburos, actividad conocida como “huachicoleo”, y la portación y acopio ilegal de armas de fuego.

“No existe un solo gobernador de extracción política, de partido político alguno en el espectro nacional, que no coincida con la necesidad de hacer ajustes en materia penal en esto que se ha llamado ‘la puerta giratoria’.

“Por ejemplo, para que el robo de hidrocarburos y la portación, uso y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército sean considerados delitos graves y ameriten prisión preventiva, evitando así que quienes cometen estos delitos salgan libres”, apuntó.

En 2017, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma para que ambos delitos sean considerados graves y ameriten prisión preventiva obligatoria. Aunque la propuesta fue respaldada por el Gobierno federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores, se estancó en el Congreso.

“Debemos evitar que exista la mínima percepción que el sistema es una puerta giratoria porque no está concebido para hacerlo, en este sentido es necesario realizar los cambios legales para eliminar lagunas jurídicas y atender la miscelánea penal”, enfatizó Navarrete.

Un enorme desafío, abundó el Secretario, es adaptar el sistema y corregir aquellos aspectos que no han funcionado como se esperaba o cuya aplicación ha tenido consecuencias inadvertidas y no deseables.

En presencia del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, el Secretario también resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones policiales y dotar a los ministerios públicos de la estructura y las capacidades necesarias.

Asimismo, concluir la actualización en la esfera del Poder Judicial y completar las herramientas jurídicas que siguen pendientes, como la definición del modelo policial, ya sea Mando Único, Mando Mixto o Mando Unificado.

“La verdad es que a ocho años de distancia no existe el modelo y esto ha provocado enormes debilidades institucionales que se traducen en aumentos significativos, entre otras cosas, de violencia que hoy padecemos en muchas regiones del País”, expuso.

Navarrete recalcó que también hay una indefinición en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica y la convivencia de fueros en tiempos de paz en momentos álgidos.

“Estos dos temas, aunados a una indefinición de qué tipo de sistema y corriente tiene México en materia de justicia penal son quizá los elementos más importantes que se pueden dialogar, discutir y reflexionar”, agregó.


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