René Fernando Lara Cervantes
René Fernando Lara Cervantes

En días recientes, en el Senado de la República, la fracción parlamentaria de MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ésta fue expuesta por el senador Martí Batres, quien asegura que el principal objetivo es posicionar la gestión pública de los recursos hídricos e impedir procesos de privatización en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. En este sentido, la propuesta contempla el derecho humano al agua, al considerar que toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de este recurso para uso personal y doméstico de forma suficiente, salubre, asequible y aceptable; asimismo, sugiere aumentar el monitoreo de la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable, todo garantizado por el Estado. Si bien es cierto que existen diversos estudios que reconocen a la gestión pública del agua como la mejor opción para mantener el acceso a este recurso como un derecho humano, lograrlo requiere mucho tiempo y recursos.

Actualmente la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es realizado por los municipios, según lo establecido en el Artículo 115 constitucional, los cuales, en su mayoría, tienen deficiencias operativas considerables. En aspecto, el documento Indicadores de Gestión Prioritarios en Organismos Operadores (2015), elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estima de una muestra de 45 organismos operadores a nivel nacional que su eficiencia física es de poco menos de 70 por ciento, es decir, que del agua que ingresa en las redes de distribución, 70 por ciento llega a su destino y se pierde 30 por ciento del volumen producido; además, cabe destacar que el desperdicio puede ser mayor dependiendo de la localidad y el entorno en donde se brinde la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por Martí Batres, quien también destacó que el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica será pública, no obstante bajo las condiciones actuales. Esto se vuelve un gran desafío, pues la mayoría de los organismos operadores no cuentan ni con los recursos técnicos ni financieros para llevar a cabo con normalidad su operación al depender de fondos federales. Esto se hace evidente al revisar las inversiones realizadas por los diferentes órdenes de gobierno y el sector privado, pues, de acuerdo con el texto Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (2016), desarrollado por Conagua, en 2015, el gobierno federal  invirtió en el subsector de agua potable, drenaje y saneamiento, un total de 20 millones 644  mil pesos, a nivel estatal tres millones 891 mil pesos y a nivel municipal dos millones 666 mil pesos.

El punto expuesto anteriormente es crucial, pues para asegurar como mínimo un acceso suficiente y aceptable al agua potable, requerirá de inversiones considerables, las cuales, cabe la posibilidad que no puedan ser solventadas por el sector público especialmente con la creciente demanda y la menor disponibilidad de recursos hídricos bajo el marco del cambio climático.  A esta propuesta de propuesta de reforma le hace falta incluir acciones concretas que solventen la viabilidad de la reforma, así como aclarar de donde se esperan obtener los recursos bajo el marco propuesto de la gestión pública del agua sin fines de lucro.

lararene83@yahoo.com.mx

 

 


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