*Pedro de León Mojarro
*Pedro de León Mojarro

El viernes pasado, se renovó el Poder Legislativo, la LXIII (63) Legislatura será la que haga frente a las adversidades de la época que hoy tenemos, serán los 16 diputados y las 14 diputadas, los que deberán actuar con altura de miras a los retos y necesidades que tiene nuestro Estado.

Según lo mencionaron algunos medios, subsiste la tentación de algunos diputados de revivir la deshonrosa y abusiva partida de las herramientas. Partida que, sin lugar a dudas, quedará registrada como la historia negra de los diputados que la recibieron.

Ahora en el Cambio de Época que plantea el próximo presidente López Obrador, no solamente las herramientas serían un exceso, también es un exceso el desmedido presupuesto que se autoasignan los diputados, la mayoría de ellos hombres y mujeres que provienen de ganar un sueldo promedio, no menor a 25 mil pesos y varios de ellos hasta desempleados.

441 millones de pesos es el presupuesto que se autoasignaron los diputados anteriores para este año, es un exceso a todas luces y lo ejemplifico con lo siguiente:

Supongamos que cada diputado reciba de dieta 60 mil pesos al mes, salario muy superior, diría 6 veces superior al promedio del salario en Zacatecas; dos veces el salario de un profesor Titular “C” de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría y doctorado, igualmente dos o tres veces más el salario de un médico especialista que dedicó arriba de 10 años a su preparación y, bueno, ya ni hablemos del salario medio de los policías que a diario arriesgan su vida procurando nuestra seguridad.

Dejemos en 60 mil pesos la dieta de los diputados y agreguémosle otros 60 mil pesos para pagar su teléfono, su gasolina y un asesor legislativo. Juagando a las matemáticas 120 mil pesos por 30 diputados, por 13 meses y medio al año, para que reciban también aguinaldo, eso nos dan 48 millones 600 mil pesos al año, a éstos agreguémosles 60 millones para el pago de personal, de servicios como luz, agua, internet, nos da un total de 108 millones de pesos para el funcionamiento del Poder Legislativo por año.

Y si a lo anterior le sumamos 62 millones de pesos, 50 por ciento de los 125 millones asignados a la Auditoria Superior del Estado para este 2018, para prevenir que el gasto se aplique bien, no necesita más.

Resultando un total de 170 millones anuales, 4 veces menos de lo asignado. Es lo que en justicia, ley y mínimo decoro institucional deben aprobar los diputados para el ejercicio presupuestal del 2019.

Indudablemente la nueva Legislatura Local tiene mucho por reorganizar y recortar y no inventar funciones que no le corresponde; según el Art. 25º de la Ley Orgánica de la Legislatura del Estado, a los diputados les toca “presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en materia de competencia estatal”, así como aprobar el presupuesto anual del Estado y los municipios.

Las tareas inmediatas, acordes con el Cambio de Época, mínimamente debe comenzar por la reglamentación y actualización del Tabulador Único de Sueldos; aprobar el Órgano Autónomo de Control, para que esté por sobre los 3 poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo; y una reforma municipal que le dé viabilidad a los municipios en esta Cambio de Época.

Insistimos mucho que el buen juez por su casa empieza y los legisladores no pueden autoexcluirse de ser evaluados y vigilados en el ejercicio de sus recursos, para que puedan tener autoridad moral, ética y política, de evaluar al ejecutivo estatal, a los órganos desconcentrados y los municipios, deben forzosamente que aceptar ser evaluados y vigilados en el ejercicio de sus recursos.

Finalmente, el Órgano Autónomo de Control  (OAC) en que debería transformarse la Auditoría Superior del Estado, será la institución que prevenga los excesos, abusos, malversación y el ejercicio eficaz de los recursos; teniendo autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; pero de eso hablaremos en la siguiente entrega.


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