Ricardo Monreal Ávila
Ricardo Monreal Ávila

El linchamiento de dos personas en Acatlán de Osorio, en Puebla, el pasado 29 de agosto, que fueron quemadas vivas por una turbamulta, dio una trágica visibilidad a un indeseable, pero creciente, fenómeno en el país: la justicia por propia mano.

Alberto “N” y Ricardo “N”, de 53 y 21 años, respectivamente, fueron retenidos en la Junta Auxiliar de la comunidad San Vicente Boquerón, acusados de ser “robaniños”. Posteriormente, cerca de 150 pobladores los sacaron por la fuerza de la Comandancia de Policía, los golpearon, los derribaron, les rociaron combustible y les prendieron fuego, ante la pantalla de varios teléfonos celulares, cuyos videos se volvieron mórbidamente virales.

Después se conoció la verdad: Alberto era un campesino de San Vicente, que se encontró con su sobrino Ricardo, un estudiante de Derecho en Veracruz, quien llegaba a visitar a sus familiares. Ambos estaban tomando unas bebidas en una tienda de la comunidad cuando fueron señalados por un grupo de personas que pasaban por el lugar de ser los autores del robo de un niño en una escuela adyacente, siendo remitidos a la Comandancia municipal, de donde serían sacados por la fuerza minutos después.

En los días previos, San Vicente Boquerón se había estremecido con el rumor de que dos menores de edad habrían desaparecido de una escuela primaria, y habían circulado en Facebook unas imágenes de infantes encontrados en unas hieleras de unicel, en algún lugar del país, que presuntamente eran transportados en un camión frigorífico hacia la frontera, para extraer sus órganos.

Es importante señalar que la misma historia de los niños en hieleras de unicel corrió por redes sociales en las últimas semanas de agosto, en lugares tan distantes y distintos como Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Morelos, Michoacán y Chiapas.

El tío y el sobrino linchados en Acatlán de Osorio, por supuesto, eran inocentes, y los instigadores y autores materiales del crimen están siendo investigados y procesados, gracias a los mismos terribles videos difundidos. Sin embargo, el suceso en Puebla no es un caso aislado.

 

En sólo dos meses (del 24 de julio al 30 de agosto del año en curso), nueve personas fueron linchadas en los estados de Puebla, Hidalgo, Tabasco y Morelos (El Universal, 9 de septiembre 2018).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registro de 862 linchamientos en los últimos 29 años, siendo el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México los principales escenarios, con el 58 por ciento de los casos (ibidem). La mayor parte de estos eventos de justicia por propia mano se dan en comunidades rurales o semiurbanas y tienen por detonador presuntas violaciones, robo de infantes, hurto de un bien mueble y, recientemente, extorsión.

Se estima que por cada linchamiento puede haber hasta 15 intentos de actos semejantes, cuya consumación ha sido impedida, gracias a la intervención y la negociación oportunas de alguna autoridad, o por mediación civil.

Hay quienes consideran estos eventos como “justicia comunitaria”, similar a la descrita por Lope de Vega en su clásico del Siglo de Oro español, Fuenteovejuna, donde el pueblo del mismo nombre se deshace del tirano, abusivo y cruel Comendador Mayor, Fernán Gómez, mediante un linchamiento público.

Sin embargo, nuestros linchamientos populares poco o nada tienen de épicos; son más bien epóxicos y tóxicos por las causas que los motivan: una crisis profunda en el sistema de procuración de justicia, una pérdida de confianza en la autoridad de todos los niveles y la impotencia colectiva ante la inseguridad, la impunidad y la violencia cotidianas.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA    


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