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MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado propuso una reforma legal para poner fin a contratos como los que han derivado en desvíos de recursos en la Sedesol y la Sedatu bajo la gestión de Rosario Robles.

Se trata de una modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos que pretende obligar a los titulares de las dependencias a firmar personalmente todos los contratos con otras entidades públicas, como las universidades.

De esa manera, los funcionarios de más alto rango se convertirán en los responsables directos del cumplimiento o incumplimiento de esos contratos.

Actualmente la ley señala que las dependencias están facultadas para celebrar contratos con otras entidades públicas que pueden, a su vez, subcontratar el servicio cuando no tengan capacidad para cumplir con los servicios solicitados.

El planteamiento de Morena es responsabilizar al titular de cada Secretaría sobre esa decisión.

“En este último caso, el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de este artículo”, señala la propuesta de reforma al artículo primero de la ley.

La iniciativa fue registrada en la Gaceta Parlamentaria con la firma del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y llevada a la tribuna por la senadora de ese mismo partido, Marybel Villegas Canché.

En la exposición de motivos, los legisladores calificaron de insultante que los actos de corrupción se realicen bajo el supuesto amparo de la ley y mediante la simulación de actos jurídicos.

“Las contrataciones no satisfacen los requerimientos legales y ocultan el desvío de recursos hacia fines particulares, como hemos visto lamentablemente en los últimos años”, señalaron.

Explicaron que prácticas como la adjudicación directa generan sobreprecios o permiten que los servicios no sean prestados, aún cuando hayan sido pagados.

“Eso se ha convertido en una clara fuente de corrupción. Este tipo de ejemplos lamentables ponen en evidencia la urgente necesidad de reformar la legislación en materia de adquisiciones”, agregan.

Los morenistas consideraron que se deben atender las preocupaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la necesidad de contar con mecanismos de control y certidumbre en los procesos de contratación entre entidades públicas.

“Se deben incorporar disposiciones que inhiban la realización de contratos en los que los servicios no se prestan, y los recursos públicos terminan por desviarse y enriquecer de manera ilegal los patrimonios de funcionarios impresentables, en claros hechos de corrupción”, agregaron.

La iniciativa fue turna para dictamen a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.

 

 

 


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