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El Gobierno de Jalisco despidió al titular de los forenses, Luis Octavio Cotero, por la crisis de los cadáveres depositados en dos tráileres, pero al menos 230 cuerpos de personas no identificadas siguen en el limbo y la responsabilidad es de la Fiscalía estatal.

Lo anterior se establece en el Convenio Específico de Colaboración para la Conservación de Cadáveres, firmado en 2017 por la Fiscalía General y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en el que se deslinda a esta última institución de toda responsabilidad.

En el documento se señala que la Fiscalía se compromete a dar destino final a los cuerpos luego de que los forenses finalicen sus dictámenes y que en tanto obtiene un lugar definitivo, contrataría un contenedor móvil para conservar y resguardar los cuerpos.

En el documento se expone que la dependencia que persigue delitos deslinda de cualquier responsabilidad al IJCF una vez que termine de realizar dictámenes a los cuerpos y los regrese a los investigadores.

Hasta ayer los cuerpos permanecían almacenados en las dos cajas refrigeradas de tráileres en el instituto, y así permanecerán hasta que se termine el panteón forense, el 30 de noviembre.

 


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