CARLOS ALBERTO FONSECA PATRÓN*
CARLOS ALBERTO FONSECA PATRÓN*

CARLOS ALBERTO FONSECA PATRÓN*

 

Al independizarse los países de América Latina, afrontaron dos cuestiones fundamentales: consolidar la revolución y conseguir el reconocimiento internacional y, paralelamente, establecer un régimen político capaz de cohesionar a los pueblos, comunidades y territorios que hasta ese momento habían permanecido unidos en virtud del pacto de fidelidad sellado con la Corona española. A diferencia de la experiencia europea, el nuevo sistema de dominación nacional “no se estableció sobre la base de una superación de absolutismos de naturaleza feudal sino en el vacío dejado por la disolución de sistemas sociales cuyos ejes estaban constituidos por instituciones político-administrativas subordinadas a monarquías extraterritoriales”.1 Desde finales del siglo 18, las potencias coloniales determinaron la integración de Latinoamérica en la economía mundial.

En este sentido, el proceso de desintegración de la monarquía hispana y la emergencia del México independiente también respondió al contexto global; a toda una serie de transformaciones en las ideas políticas que abrieron paso a la formación del Estado-nación en la región latinoamericana, sobre todo a partir de la revolución francesa. En el siglo 18, la Corona española emprendió una modernización administrativa para extender su aparato burocrático en las colonias con el fin de quitarles espacios de control a los poderes locales; a esta serie de medidas se les conoce como “reformas borbónicas”. Sin embargo, el poder que ejerció la burocracia imperial no impidió que surgieran centros locales de dominio que se desarrollaron alrededor de las minas, de las fincas agrícolas y de las zonas comerciales. Incluso, durante el transcurso de la época colonial esa red de estructuras regionales de dominio coexistió y quedó incluida en el control supranacional ejercido por la metrópoli española.

Al colapsar la autoridad colonial en América a causa de las guerras de Independencia, su hegemonía no fue sustituida por una estructura de instituciones políticas capaces de ejercer plenamente una autoridad nacional. Esta imposibilidad se explica, en buena medida, porque los sectores de la clase dominante estaban firmemente afianzados en los centros locales de dominio, pero eran de carácter regional y estaban confrontados unos con otros por su pretensión de establecer una autoridad nacional que protegiera sus respectivos privilegios. En México, esta situación trajo como consecuencia un largo periodo de luchas intestinas entre las élites, el cual abarcó casi todo el siglo 19 hasta que el régimen porfirista le puso fin.

El nuevo Estado se creó a partir de un pacto político y producto de una alianza oligárquica. Los sectores de la clase dominante, tanto los tradicionalmente potentados (los de la agricultura y la minería) como los que habían surgido recientemente dedicados a la producción para la exportación, no tuvieron otra opción que decidir repartirse el poder político, pero bajo la conducción de un Estado hegemónico que representara sus necesidades e intereses.

De esta forma, el Estado independiente debía impedir el desmembramiento del territorio y, al mismo tiempo, evitar ser corroído por los centros locales de autoridad que había heredado de la etapa colonial. En las décadas de mediados del siglo 19, la viabilidad de un Estado nacional lo suficientemente fuerte para sobrevivir, estaba condicionado por la capacidad de la autoridad central para mantener vínculos estrechos y equilibrios con los centros locales de dominio.

Sin embargo, las dificultades para organizar un poder central en un país de enormes diferencias regionales, terminaron por enfrentar a los republicanos federalistas con los conservadores partidarios de un gobierno centralizador. Luis González y González nombró “El siglo de las luchas” al siglo 19 mexicano por su gran efervescencia política y militar con sus múltiples asonadas y golpes de Estado. La nueva nación heredó de la época colonial –sobre todo a partir de las reformas borbónicas– una añeja lucha entre las élites regionales y el gobierno central manejado desde la Ciudad de México.

Desde los orígenes del México independiente, los proyectos de nación emergentes fueron contrarios e incluso antagónicos y, por lo mismo, un punto de conflicto casi irresoluble entre las élites políticas. Hidalgo y Morelos impulsaron un proyecto nacional popular en el marco del liberalismo radical; una perspectiva que estuvo ausente en las constituciones de 1814 y 1824, ya que en el transcurso del siglo 19 el constitucionalismo imperante rechazó incorporar todo atisbo de derecho social. Entre quienes culminaron la Independencia, por ejemplo, Agustín de Iturbide era un hombre conservador del bando realista y partidario de una monarquía constitucional (Imperio Mexicano), cuya visión contrastaba con la de insurgentes como Guadalupe Victoria, que eran férreos partidarios de una República federal.

Uno de los aspectos primordiales que separaban a los liberales de los conservadores, era su oposición a la persistencia del poder de las corporaciones (ejército, Iglesia, comunidades indias). Para el ideario liberal, centrado en el culto al esfuerzo individual, las corporaciones representaban una rémora del pasado: el tradicionalismo de una sociedad organicista y estamental que debía desaparecer. En cambio, los conservadores tenían como modelo el jerárquico orden colonial, donde instituciones como la Iglesia católica jugaban roles centrales y un protagonismo incuestionable en la toma de decisiones. El clericalismo y anticlericalismo constituyeron otro de los ejes político-ideológicos que confrontaban a los liberales con los conservadores. Como señala Tulio Halperín Donghi: los conservadores eran nostálgicos de la época colonial y, como tales, partidarios de un gobierno monárquico.2 Durante la primera mitad del siglo 19, el arraigo de las ideas monárquicas era muy fuerte en México y, en buena medida, esta situación se explicaba por el contraste entre la riqueza del último período colonial y el derrumbe económico y demográfico que acompañó a la Independencia.

En sentido contrario, los liberales se adscribían casi dogmáticamente a la forma de gobierno republicana. Otro elemento que diferenciaba a los grupos en pugna eran las metrópolis escogidas por ambos bandos para suplantar la antigua hegemonía española; es decir, las metrópolis que les servían tanto de modelos como de aliados en sus luchas intestinas. El grupo conservador emulaba a la Europa monárquica; en primer lugar Inglaterra y en las luchas de mitad de siglo a la Francia de Napoleón III. En cambio, los liberales mexicanos tuvieron como arquetipo y aliado a los Estados Unidos de Norteamérica.

A nivel general, podemos señalar que el proyecto liberal tenía el apoyo de las clases medias urbanas, de los profesionistas y sectores ilustrados. Por su parte, los conservadores se nutrían de los grandes propietarios rurales, los cuadros de la Iglesia católica y de gran parte del ejército. No obstante, esos alineamientos también eran coyunturales, al punto de que gran parte de los hacendados se volcaron al bando liberal cuando tuvieron la posibilidad de incrementar sus propiedades gracias a las Leyes de Reforma que obligaron a la Iglesia a desprenderse de sus bienes rurales.

A grosso modo hemos expuesto algunas diferencias entre liberales y conservadores con la finalidad de trazar un panorama general de las problemáticas que aquejaron a la sociedad mexicana en el transcurso del ríspido siglo 19. Se trata solamente de un esquema diferenciador; sabemos que en los conflictos entre diversas facciones se esconden motivos personales o intereses de grupo y, por ello mismo, es muy común que los argumentos y proclamas políticas funcionaran como simples máscaras que ocultaban otros fines dentro de coyunturas determinadas. A final de cuentas, en nuestro país las consecuencias de estas guerras civiles fueron inmensas: inestabilidad política, atraso económico, regionalismo exacerbado y, finalmente, la intromisión extranjera con su secuela de enormes pérdidas territoriales. Pese a todo, en las horas más bajas, apareció una brillante generación política e intelectual –la de la Reforma– que defendió la soberanía del país, hizo contribuciones decisivas a la formación de una cultura nacional y, sobre todo, creó un verdadero Estado donde no lo había, un Estado moderno, republicano y laico.

*Instituto de Investigaciones Legislativas del congreso del Estado

 

 

1 Cavarozzi, Marcelo. “Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico”, en: Revista Mexicana de Sociología Vol. 40, No. 4, Estado y Clases Sociales en América Latina (2), Octubre-Diciembre, 1978, p. 1333.

2 Halperín Donghi, Tulio. El espejo de la historia, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1985, Pp. 141-166.


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