Alberto Chiu
Alberto Chiu

Hoy se cumplen cuatro años, larguísimos en apariencia, de que 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron “como por arte de magia” de la faz de la tierra, sin que hasta el momento haya una sola explicación convincente de lo que fue su destino. Cuatro años en los que sus familiares y amigos han insistido, una y otra vez, que “fue el Estado” el responsable de su ausencia y culpable de su dolor.

A lo largo de estos cuatro años (casi mil 500 largos días), la autoridad ha llevado y traído a brigadas de científicos, investigadores, policías ministeriales, elementos del Ejército Mexicano, funcionarios de cualquier nivel en Guerrero y estados vecinos, así como a los familiares y amigos, a diversos parajes de aquella entidad, quizás con el propósito de convencer a éstos últimos de que ya mejor “dejen por la paz” el tema, que asuman la pérdida y se sumerjan en la más perfecta resignación.

Aquella explicación que diera el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam (la famosa “verdad histórica”) ya no sólo quedó en el olvido, sino que además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya la echó abajo. Recordemos que en aquél momento Murillo salió a decir, como conclusión sumaria, que los estudiantes normalistas  habían sido “quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero”, y con ello pretendió poner punto final al tema. Como si fuera tan sencillo.

Desde su origen, la investigación de la autoridad era para encontrar a los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”… y es hora que nadie está seguro de haberlos encontrado. Ni vivos, ni muertos.

Las pruebas de perfiles de ADN practicadas a los minúsculos fragmentos de hueso que presuntamente se encontraron en aquél basurero famoso en Cocula, no le han dado certeza a nadie (quizás ni siquiera a los propios investigadores) de que esos huesos hayan pertenecido a alguno de los estudiantes desaparecidos.

Por el contrario, la búsqueda de los normalistas sí abrió –aún más– otra de las grandes heridas que tiene el pueblo de México: la que duele cada vez que uno de los nuestros desaparece sin dejar rastro.

Sí, el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa se antoja, en este momento, más como un motivo de reflexión sobre los miles y miles de mexicanos desaparecidos, ya sea a causa de la delincuencia organizada, o a causa incluso de la acción ilegal de la propia autoridad, porque –aceptémoslo– este fenómeno ilegal se sigue dando. No por nada existe legislación respecto a la desaparición forzada, que incluye cuando es una autoridad quien perpetra la privación ilegal de la libertad de alguien.

En Zacatecas, al igual que en muchas otras partes del país, se siguen encontrando aquí y allá más y más fosas clandestinas, en las que yacen los restos de cientos de personas que, quizás hace días, semanas o meses, habían desaparecido de sus hogares. Y su hallazgo no hace más que evidenciar que ése es un delito contra el que la autoridad no ha podido hacer prácticamente nada. ¿Cómo decir que hay justicia, cuando ni siquiera hay certeza de lo que le pasó a esa persona que ya no está? ¿Cómo saber si vive o murió, si lo quemaron o lo enterraron, y dónde?

Hoy diversos grupos de estudiantes alzarán su voz (quizás en el más incómodo de los silencios) para recordar a los 43 de Ayotzinapa. Ojalá también con ello recordemos a esos otros miles de desaparecidos que han dejado profundas heridas y soledad en muchos hogares mexicanos, y que ese dolor sirva al menos para gritarle a los gobiernos, a voz en cuello, que ¡ya basta! ¡Es hora de que actúen y detengan ese cáncer que nos carcome como sociedad!

¡Ya basta de que los gobiernos permanezcan impávidos ante las desapariciones, y sólo se conformen con llevar la cuenta de los que ya no están! ¿Acaso no les importa?


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