Enrique Laviada
Enrique Laviada

En estas mismas páginas hemos publicado información suficiente y datos duros relacionados con el enorme costo que representa para nuestro estado la inseguridad y que muestran con absoluta claridad la importancia de su impacto.

Una parte considerable del problema, bastante más de la mitad de tales recursos corresponden, lamentablemente, a pérdidas económicas, es decir, afectan directamente a la actividad productiva, lo que se traduce necesariamente en atraso.

Sobra decir; sin embargo, que lo terrible se encuentra en la cantidad de familias afectadas de distintas formas por la violencia, hablo del muy elevado índice de victimización que padecemos.

Es el costo de la maldad.

 

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De acuerdo con los datos dados a conocer por estos días, nuestra entidad aparece entre las de mayor y más rápido crecimiento de los delitos llamados de alto impacto, por desgracia.

Entre las calamidades traducidas a números, van en aumento los homicidios dolosos, muchos de ellos relacionados con la actividad de las bandas criminales que operan en nuestro territorio y le siguen con parecida intensidad los secuestros y las extorsiones.

Se dice (en cifras oficiales) que la mayoría de las familias zacatecanas han sido víctimas de algún delito y en esa misma proporción se sienten inseguras viviendo en sus respectivas regiones.

Es el costo de la maldad.

 

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Pero lo peor (si hay algo así) es que alrededor de todos esos delitos existe lo que se conoce como “cifra negra” y que se define como aquello que se sabe, pero no se denuncia o no cuenta con una carpeta de investigación, lo que podría llegar a duplicar el índice delictivo que hay en registros oficiales.

Eso es lo que explica, según los especialistas en la materia, el clima social en el que se desenvuelve el problema de fondo y la percepción negativa de la población.

Y agregue a eso, estimado lector (a estas alturas ya horrorizado) la condición de impunidad imperante, los mínimos índices de aplicación de la justicia y el relajamiento casi absoluto en la aplicación de la ley, acompañado de altos grados de desconfianza hacia las fiscalías, los organismos de seguridad y las corporaciones policiacas.

Es el costo de la maldad.

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Es posible que el gobernador Tello no lea los periódicos o no dimensione la magnitud del problema, más allá de sus discursos, comúnmente colmados de lugares comunes y lamentaciones de todo tipo, de otra manera hubiera hecho cambios ahí donde realmente duele.

A pesar de que insiste, siempre, en que la inseguridad es el mayor de los flagelos que padecemos en la entidad, el titular del Ejecutivo solamente realizó un cambio relacionado con el asunto, al colocar a un inexperto (un tal Jehú) al frente de la política interior y no movió una sola pieza en el gabinete de seguridad.

Lo que puede esperarse, luego entonces, es que siga el gobierno sin articular una política pública coherente y ordenada, en provecho de quienes con sus acciones pretenden imponer el miedo y la violencia sin limitación alguna.

Es el costo de la ingenuidad.

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Acertijo…

No se sabe qué es peor.


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