FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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Alejandro Encinas Rodríguez, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que la impunidad, ineficiencia y corrupción, son denominadores que no dejan avanzar ni dar resolución a las carpetas de investigación referentes a feminicidio y de personas desaparecidas.

Durante el segundo Encuentro contra la Violencia: Víctimas Indirectas de Feminicidio y Alerta de Violencia de Género, Encinas Rodríguez refirió que el feminicidio es el ejemplo nítido de la descomposición por la ausencia de estado, autoridades e instituciones públicas.

Dijo en repetidas ocasiones que el principal problema se encuentra en los poderes Judiciales de los estados, en el caso de Zacatecas, en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), puesto que en ellos predomina la incompetencia, complicidad, falta de profesionalismo que, finalmente, a través de la estigmatización desacredita a la víctima y victimiza a sus familiares.

“Esto tiene que cambiar y espero que haya un cambio muy profundo en los estados. Yo sé que ése va a ser mi principal obstáculo a enfrentar en esta subsecretaría y lo digo con claridad, el tapón de la impunidad está en el Poder Judicial, desde Ministerio Público (MP), juez, procurador, el fiscal en el estado, hasta la Procuraduría General de la República (PGR)”, sentenció.

En el caso referente a desaparición forzada de personas, Encinas Rodríguez reiteró que el problema persistente es la impunidad, la falta de voluntad política y corrupción, por lo que enfatizó que se tiene que empezar desde cero porque, aunque existe una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, las instituciones y los mecanismos la desconocen, por lo que no funciona correctamente.

El próximo funcionario federal también informó que en los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se instalará de manera concreta el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Programa Nacional de Exhumación e Identificación de Personas, “porque en las fosas clandestinas, cuando se encuentran cientos de cadáveres, se deben generar las condiciones para su identificación”.

Resaltó que no hay una base de datos de desaparecidos en el país, ya que la información es contradictoria entre las diversas instituciones, además que el registro de personas desaparecidas se ampliará y colaborará con otros países como Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues la mayoría de los desaparecidos son migrantes.

Otro de los compromisos a realizar en los primeros cien días del nuevo gobierno federal es la creación de un Sistema Nacional de Medicina Forense para que no se repita la situación que se vivió en Jalisco, donde los cuerpos de personas sin identificar se encontraban vagando por el estado en dos camiones con cámaras refrigerantes.

En sus propuestas resaltó la asignación de presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en la que se espera asignarle 400 millones de pesos, así como el nuevo nombramiento del titular de esta comisión.

Encinas Rodríguez dijo a los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición forzada que enfrentará los problemas de manera firme, además que se comprometió con las cinco familias que brindaron su testimonio en el encuentro a resolver cada caso de manera personal y sin intermediarios.

Resaltó el caso del hijo de Litzi Saraí, quién después de que su madre fuera víctima de feminicidio, la procuraduría del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) decidió que el niño debía permanecer con sus abuelos paternos y no con los maternos, lo que calificó como una clara muestra del mal trabajo que realiza en las instituciones de procuración de justicia.

Reconoció que en su encargo necesitará la participación de las autoridades estatales: “sí vamos a necesitar el apoyo de las autoridades locales, particularmente de la fiscalía. Qué bueno que el gobernador impulsó la alerta, que es buen instrumento para iniciar la atención al problema de feminicidio, pero desgraciadamente tiene muchas limitaciones”.

Sin embargo, a pesar de la mención de Encinas Rodríguez, Tello Cristerna no asistió al encuentro, que según las organizadoras del evento estaba invitado en conjunto con el secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y la fiscal especializada en Delitos de Género, Fatima Encina Arroyo.

 

Testimonios

Los testimonios expuestos a Encinas fueron desgarradores y representan los casos que más tocaron las fibras sensibles de la población en Zacatecas; los padres de Litzi Saraí narraron su calvario, madre adolescente asesinada en julio y cuyo hijo le fue arrebatado y abandonado.

También estuvieron las llamadas Hijas de Marie Curie, preparatorianas que fueron compañeras de Cinthya Nallely, a quien le quitaron la vida cuando se dirigía a su escuela; asimismo, la hermana mayor de Valeria, una joven que buscaba trabajo y sólo encontró la muerte, ella hizo hincapié en el problema de la estigmatización, y la hermana de Paloma, maestra de guardería recientemente secuestrada y asesinada en Jerez de García Salinas, expuso el miedo que enfrentan al exponer sus casos.

María Natividad, madre de Dalia, narró de igual manera cómo fue el calvario de buscar a su hija que desapareció en Calera de Víctor Rosales hace ocho años, pues la desesperación por encontrar a su hija la llevó a trasladarse a otros estados como Jalisco, en donde fue a tomarse muestras de ADN para ver si entre algunos cuerpos sin identificar estaba su hija.

Lamentaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno “están deshumanizadas”, pues reprocharon que “no tienen el perfil para brindar la atención y sólo les importa cobrar su quincena”. Calificaron de “incompetente” al personal encargado de atenderlos y de las investigaciones.

Los familiares víctimas también reclamaron falta de atención a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Jehú Salas Dávila, así como del titular de la comisión, Everardo Ramírez Aguayo, quien estuvo presente.

“Dejen de ver arriba. Miren hacia abajo y den respuestas. Dejen de burlarse del dolor de quienes estamos aquí presenten. Nos ofrecen dinero, pero ni todo el dinero nos van a devolver a nuestras hijas”, sentenciaron.

También reportaron que siguen las anomalías en el proceso, como la pérdida de documentación en las instituciones encargadas de los casos de feminicidio, así como de niños y mujeres desaparecidas, lo que pone en pausa las investigaciones y, por ende, no existe una sentencia en contra de los implicados en el delito.

 

Organizaciones civiles

En el encuentro estuvieron presentes cinco organizaciones de la sociedad civil que coincidieron en el reclamo de las víctimas, ya que no existe una solución eficaz por parte del Estado en los casos de feminicidio, desaparición forzada, además de la falta de políticas reales para prevenir la violencia contra las mujeres.

Entre los reclamos y observaciones que se hicieron, se tocó el tema sobre la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Zacatecas, pues aseguraron a Encinas que no fue una declaratoria como tal, sino una resolución, pues fue el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, quien la solicitó.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), recalcó que esta “resolución” viola gravemente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como a los reglamentos para decretar una alerta, ya que sólo las organizaciones civiles, estatales, nacionales e internacionales pueden solicitarla.

En el caso de la entidad en una primera instancia una organización civil solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) se hiciera la declaratoria de Alerta de Género; sin embargo, se determinó que no existía presencia de violencia feminicida, pero cuando el gobernador pidió la alerta, la Segob dio la resolución.

La activista de igual manera mencionó que el informe de trabajo realizado para decretar o no la alerta en Zacatecas, “da pena, no habla de por qué ha aumentado la violencia feminicida”.

En el caso de la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres Huérfanas y Huérfanos de Feminicidio, resaltó que no existe un conteo real de cuántos niños y niñas quedaron huérfanos por feminicidio, además de que en muchas ocasiones no se les restituyen sus derechos como debería.

Cristela Trejo Ortiz, de la Unidad de Colectivos, enfatizó que “las autoridades deben tener presente que la condición de violencia que ha vivido un niño o una niña huérfanos por feminicidio es un impacto para su vida, y es importante una atención inmediata y no una velada asistencialista”.

Por lo que enfatizó que se necesita un protocolo especializado para atender a los huérfanos por feminicidio, “donde se establezca la ruta de atención inmediata, permanente y bajo la restitución de derechos no sólo por ayudas temporales, ya que el feminicidio es una situación que impacta en el desarrollo de su vida y la ayuda no debería ser opcional, sino obligatoria”.


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