Manuel J. Jáuregui
Manuel J. Jáuregui

Datos que seguramente son oficiales, pues los proporcionó el Presidente, indican que sólo 60 de 600
ladrones de combustible acusados están hoy en prisión. Para justificar esta notoria impunidad dícese
que, según nuestras leyes actuales, el robo de combustible “no es materia grave”.
A nuestro modo de entender nuestras leyes, robo es robo, y no porque sea gasolina la robada quiere
decir que se disminuye la pena. De ser cierto lo afirmado no puede uno más que concluir que el
Ministerio Público al presentar sus denuncias no las fundamenta adecuadamente. Ahora que si esto se
debe a una ineptitud total, o forma parte de una estrategia deliberada, es algo que requiere más
investigación.
El argumento manejado hasta hoy es que como el Congreso no ha cambiado la ley, no hay más remedio
que dejar ir a los ladrones, aunque hayan sido detenidos “in fraganti”. Lo cual implicaría que el ROBO
NO ES ROBO cuando lo robado es gasolina del monopolio gubernamental, PEMEX, que como les
gusta decir a los cardenistas “es de todos”.
Si hubiese voluntad de hacerlo, las LEYES ACTUALES que tenemos son más que suficientes como
para fincar la presunción de delitos graves, sobre todo cuando el robo de un bien FLAMABLE conlleva
el riesgo de causar daños físicos y materiales sustanciales e incluso la MUERTE, como quedó
demostrado con la explosión en Hidalgo que ya causó más de CIEN MUERTOS.
Entonces quien roba combustible no sólo comete el delito de hurto, sino de robo agravado (como si
fuese con un arma), ya que al “picar” el ducto está poniendo en riesgo la integridad física y material de
toda persona que se encuentre cerca. En cuyo caso debe quedar claro que “picar”, alterar, ordeñar los
ductos que conducen un líquido súper flamable como es la gasolina (y el gas natural) no cae dentro de
los “delitos menores”, como se afirma en un afán -para nosotros bastante transparente- de DESVIAR
la atención del hecho de que no se quiere actuar contra las comunidades “huachicoleras”, porque así lo
desea el titular del Poder Ejecutivo.
Se afirma, cada día con mayor énfasis, que el HIJO del Presidente, y que lleva su primer nombre, es el
enlace real entre la Presidencia y el Congreso: es quien transmite la línea a los jefes de bancada, Monreal
y Delgado. De manera que fractura la credibilidad el pensar que a pesar de que el Presidente lo pide a

sus legisladores -que tienen mayoría- éstos escogen desobedecerlo, y por ello no han modificado una
ley, que como quiera no requiere cambio, pues sólo le faltan hombres que la apliquen.
Sirve de pretexto echarle la culpa a la falta de ley, eso sí, sólo que de una manera muy poco
convincente. Algunas vías de ferrocarril en Michoacán, por ejemplo, siguen bloqueadas causando un
gran daño económico a cantidad de empresas, ¿y acaso el Gobierno central actúa para liberar esas vías
federales, cuyo bloqueo implica una grave violación al derecho constitucional al libre tránsito dentro de
nuestro territorio? ¡Ni por asomo! Reina la impunidad, la cual no sólo no es combatida desde el
Gobierno, sino que es fomentada. Los inconformes ya descubrieron que les sale más redituable –
económicamente hablando- bloquear que trabajar. Bloquean y les dan dinero, ¿qué sigue?: volver a
bloquear para que les den más dinero.
Algo parecido sucede con los llamados “huachicoleros”: ya se les dijo que robar combustible no es
delito, por lo que ellos lo consideran como una invitación a seguir haciéndolo, a sabiendas de que no
serán procesados, por lo que -como les decíamos- en el fondo resulta ser un delito que conlleva la
amenaza de causar graves daños, e incluso la muerte, no sólo para quienes cometen el acto antisocial,
sino para personas inocentes que por azar del destino pudieran encontrarse cerca del piquete, chisguete
o toma clandestina, mediante los cuales se le ROBA a la Nación uno de sus más preciados recursos
naturales.
Decir que esto no es delito se equipara a una invitación abierta, pública y con premio adjunto a
DELINQUIR.


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