Alberto Chiu
Alberto Chiu

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) anunció ayer que ya están haciendo pruebas del nuevo sistema de pago del transporte público, mediante una tarjetita recargable (como las tarjetas de prepago de celular, por ejemplo, o como la usada en el Metro o el Metrobús, en la Ciudad de México), lo que representa un paso adelante en la famosa “modernización del transporte urbano”.

Esta medida es parte de lo que han venido intentando implementar como “Sistema de Transporte Público Metropolitano”, y que estaría funcionando en un principio en la zona de Zacatecas a Guadalupe.

Al mismo tiempo, también estarán verificando el funcionamiento de un botón de pánico y cámaras de vigilancia instaladas en algunos camiones de la Ruta 17, que fue la ruta elegida para llevar a cabo el periodo de prueba.

Después, vendrá quizás otra prueba en otros camiones, otra tecnología, etcétera, hasta dar con aquella que mejor se adapte al transporte público de esta zona central del estado. Pero mientras ya se empiezan a hacer estas pruebas y selección de maquinarias, tecnología y métodos, todavía hay entre concesionarios y usuarios del servicio de transporte público muchas dudas y expectativas generadas al mismo tiempo por la falta de información completa.

¿Dónde se podrán recargar las tarjetas? ¿Habrá un costo extra por ellas y su uso? ¿Se modificarán las tarifas del transporte? ¿Cuántas líneas de camiones urbanos cambiarán de ruta en el nuevo proyecto? ¿Seguirán con los mismos camiones viejos que todavía circulan por la zona metropolitana en un buen número?

Así como estas preguntas, hay todavía muchas más y, éste que se prevé pudiera ser un salto al mañana en materia de transporte público, tendrá que venir acompañado sobre todo de una carga enorme de transparencia en sus datos, pues de sobra se sabe que en el pasado (incluso el pasado reciente), el tema del transporte público es uno de los que más ha estado plagado de visos y actos de corrupción, sin que en realidad se haya sancionado con fuerza a quienes tuercen la ley para beneficiarse, principalmente mafias de concesionarios y funcionarios públicos.

Además de la tecnología que se pudiera implementar en el transporte, y de la facilidad que pudiera representar para la sociedad contar con estos elementos tecnológicos, todavía queda una materia pendiente: la calidad y disponibilidad del servicio, que siempre ha sido cuestionada ya sea por el mal estado de las unidades, o por la falta de capacitación de los operadores, o incluso porque ha habido casos de negligencia de los mismos que han provocado accidentes.

Hay que darle el beneficio de la duda a este primer paso que se ha dado para buscar la modernización del transporte. Y esperar a ver, en los próximos meses, seguramente la reacción de los concesionarios de camiones que seguramente tendrán algo que opinar, porque éste es un proyecto acariciado desde hace muchos años, y que debido a los intereses particulares se ha venido aletargando y, en el peor de los casos, provocando más ocasiones de corrupción. ¿Se logrará ahora? Esperemos que sí.


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