CLAUDIO MONTES DE OCA | NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- Luego de analizar el Impuesto Ecológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las facultades del estado para gravar en materia de remediación ambiental, al establecer la validez de estos cuatro impuestos en Zacatecas de acuerdo a su Ley de Hacienda.

La ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, expuso que se presenta un cambio en el orden en que venían los preceptos para darle un mayor sentido con la nueva argumentación.

La nueva resolución es contundente en que el destino de este impuesto debe ser para fines de remediación ambiental, reducción el impacto ecológico, prevención y educación en materia de conservación ambiental.

El pleno de la Corte continuó la discusión de la controversia constitucional promovida en 2017 por el ex presidente Enrique Peña Nieto, en esta ocasión con las modificaciones al proyecto que establecen en cuanto al gravamen por extracción de materiales que cuando el depósito sea de naturaleza distinta de los componentes de terreno, es federal, cuando no sea distinta es concurrente.

De acuerdo con Piña Hernández, al seguir el parámetro que estableció la mayoría en la sesión anterior, se analiza la facultad exclusiva de la Federación prevista en el Artículo 73 para establecer contribuciones sobre aquellos bienes a los que se refiere el Artículo 4 constitucional Párrafo 5 sobre depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos.

“Ya no se habla de leyes generales, no nos vamos a si es de explotación, si es de aprovechamiento ni las definiciones que la ley minera da”, sentenció.

Durante la discusión se hizo referencia a las facultades concurrentes de la Federación y de las entidades en relación al respectivo ámbito de sus competencias para el establecimiento de contribuciones, también se mencionaron las facultades exclusivas de la Federación para establecer ciertas contribuciones y las prohibiciones expresas de las entidades para gravar algunos rubros, así como sus reservas.

“De lo anterior se concluye que las entidades federativas cuentan con las facultades tributarias sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, o sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyen depósitos de igual naturaleza de los componentes de los terrenos, es decir, por excusión del Párrafo 4 del Artículo 27, de manera que el objeto del instrumento analizado, se encuentra dentro del ámbito competencial tributario concurrente para las entidades federativas porque la legislación estatal analizada establece como supuesto normativos para la causación, la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, por lo tanto no está dirigida a gravar la extracción de los recursos a que se refieren los Artículos 27 Párrafo 4 de la Constitución y 2 y 4 de la Ley Minera, en razón anterior, el proyecto propone reconocer la validez”, explicó.

Por su parte, en lo que refiere a los impuestos por la emisión de gases a la atmósfera y de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, se consideró que se grava las emisiones de sustancias contaminantes generadas en los procesos productivos que se desarrollan en el estado y que afectan el territorio.

Asimismo, se justificó que la emisión de gases a la atmósfera no constituye una actividad de explotación de este recurso natural, porque el aire no se utiliza como materia para la obtención de algún producto o beneficio, sino que es un mero receptor de las sustancias contaminantes sobre el espacio físico sobre el cual se vierte.

“Por lo tanto se concluye que el establecimiento de este impuesto local no invade la competencia federal a la que se refiere el Artículo 73 Fracción 29 Inciso 2 de la Constitución general porque el ámbito regulativo de esta disposición constitucional es completamente distinto al supuesto que contempla la contribución que se analiza”, agregó la ministra.

En este apartado de emisión de gases, una modificación que se hará es la eliminación del Párrafo 124, que consideró “una expresión poco precisa”, pues habla sobre la contaminación en el aire en territorio zacatecano sin precisar que la contaminación atmosférica puede venir de otras entidades.

Por lo tanto se delimitará a las empresas que estén en Zacatecas y que contaminen su territorio.

En cuanto al instrumento económico que grava la emisión de contaminantes que se descarguen al suelo, subsuelo o agua en territorio zacatecano, también se consideró que no se trata de un aprovechamiento, sino de que fungen como espacio para verter desechos.

Al respecto del impuesto por el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados situados en el estado, expuso que “conforme a la doctrina constitucional sostenida por este alto tribunal, la facultad federal para legislar en determinada materia no conlleva por sí mismo una potestad tributaria exclusiva de la Federación sobre cualquier cuestión propia de la materia que regula”.

“Partiendo de esta premisa se arriba a la conclusión de atento a las facultades tributarias conforme al marco constitucional el objeto del gravamen en análisis no corresponde con algunas de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para establecer contribuciones en términos del Artículo 73 Fracción 29 y 131 de la Constitución y tampoco se relaciona el citado gravamen con alguna de las facultades tributadas prohibidas expresamente a las entidades federativas en términos de los Artículos 117 y 118 constitucionales”, abundó.

Las resoluciones fueron aprobadas por mayoría de votos, con uno en contra y ocho a favor.

 

Garantizan apego al resolutivo de la SCJN

 

STAFF

Mediante un comunicado de prensa se informó que el gobierno del estado garantiza el apego irrestricto a la resolución de la SCJN para el cobro de los Impuesto Ecológicoa industrias que contaminen en el territorio estatal, informó el coordinador general jurídico, Federico Soto Acosta.

Lo anterior, luego de que los ministros del máximo tribunal del país, después de tres sesiones, validaron este lunes en sus términos la constitucionalidad del Impuesto de Responsabilidad Ambiental y la metodología para el cobro de sus diferentes vertientes.

De igual manera, el funcionario estatal aseguró que, se atenderán los fallos que emitan los tribunales jurisdiccionales respecto de amparos presentados contra el gravamen.

Detalló que hay 20 amparos en contra del Impuesto Ecológico y, si bien la corte ya determinó la constitucionalidad del mismo, el gobierno de Zacatecas también atenderá el mandato de la Segunda Sala de la SCJN, tribunales colegiados y un Juzgado de Distrito, instancias en donde están presentadas las querellas.

Federico Soto explicó que una vez concluidos los recursos legales en contra del impuesto, la Procuraduría Fiscal perteneciente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) tendría los elementos para iniciar las cuantificaciones que se obtendrán por el gravamen.

En ese sentido, explicó que para el cobro de los impuestos la decisión de la corte se retrotrae a la fecha de emisión de la norma.

Es decir, el gravamen deberá ser pagado para cubrir los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, motivo por el cual se atenderá a la instrucción del gobernador Alejandro Tello Cristerna de buscar una mesa de diálogo con las empresas sujetas del pago para tomar acuerdos a favor de la generación de empleos y el adecuado uso del recurso.


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