Enrique Laviada
Enrique Laviada

Por estos días es común escuchar declaraciones gubernamentales que suenan a lamentaciones, a veces hasta un tanto convincentes, respecto de la situación de violencia que priva en el estado, pero invariablemente acompañadas de pocas acciones.

De hecho, la radio oficial se ha convertido en una especie de “muro de los lamentos” en donde soltar las más variadas frases de “dolor compartido” por los asesinatos que no cesan, los asaltos, los secuestros y el miedo que flota en el aire, sin remedio.

Una de las explicaciones más recurrentes a nuestro penoso liderazgo en materia de inseguridad es la “guerra entre cárteles”, dicho eso cada vez con una simpleza que termina de asustarnos, pues nos condena, aparentemente, a esa interminable escalada que se encuentra fuera de cualquier posibilidad de solución o, al menos, contención.

En otras palabras, mientras los grupos criminales luchan, los gobernantes lo lamentan y se unen a la penuria generalizada, en una impostura pocas veces vista, casi rayando en lo cínico.

Menos lamentaciones, más acción.

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Pero la triste realidad es que no hacen caso a la crítica en las “altas esferas” del gobierno estatal, y entonces fabrican el siguiente argumento para “enfrentar valientemente” la crisis: se trata de una violencia que viene de fuera, de los estados vecinos, que no es algo generado adentro de nuestro territorio, sino extraño, ajeno.

Esa lógica es la peor de todas, lamentarse por ello significa desentenderse de las propias responsabilidades en la materia, es el paso del lamento al reparto de culpas, siempre referidas a los otros, a los de al lado, a los vecinos.

El argumento es, desde luego, una verdad a medias, ya que todos los estados del país comparten en mayor o menor medida los daños que provoca el narcotráfico en la sociedad, se trata de un fenómeno nacional con peculiaridades locales, que no es posible diluir, remitir o endosar, a menos que se pretenda hacer demagogia con algo terriblemente destructivo.

Menos lamentaciones, más acción.

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Y como aún queda el último recurso, en el gobierno de Tello prefieren, al final, echarle la bolita al gobierno federal, se lamentan nuevamente, y se declaran inermes, vulnerables, desconsolados, para evitar cumplir con el papel que los electores les encomendaron y gracias al triunfo electoral que en otro tiempo tanto festejaron.

Todo mundo sabe que el combate a los delitos de alto impacto, generalmente relacionados con la delincuencia organizada, corresponde al gobierno de la República, que las Fuerzas Armadas hacen su mejor parte y que se encuentra en proceso la construcción de una Guardia Nacional, sin embargo, eso no releva a los gobiernos locales de sus compromisos.

Para nuestra desgracia, estimado lector, resulta que en nuestro estado no sólo padecemos los estragos de la delincuencia a todos los niveles, incluida la denominada delincuencia común, sin que hasta la fecha se cuente con una policía confiable, y por el contrario se vea infiltrada, suelta, aislada del esfuerzo de los otros niveles de gobierno… de las municipales mejor ni hablamos.

Todo eso trae como consecuencia que los índices de violencia y de impunidad crezcan, que el famoso contrato por la seguridad de Zacatecas, firmado por el entonces candidato del PRI a la gubernatura, no sólo se vea incumplido, sino completamente rebasado.

Menos lamentaciones, más acción.

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Acertijo

Aún hay tiempo, pero no mucho.


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