René Fernando Lara Cervantes
René Fernando Lara Cervantes

El jueves 7 de febrero del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los Congresos estatales, con fines de protección ambiental, sí tienen facultades para imponer impuestos ecológicos. De acuerdo con El Financiero, la decisión fue producto de resolver la controversia constitucional 56/2017, promovida durante la administración de Enrique Peña Nieto contra varias disposiciones de la Ley de Hacienda e Ingresos de Zacatecas. Fue así como con ocho votos a favor y dos en contra, los ministros advierten que no es exclusivo de la Federación el imponer este tipo de gravámenes o estímulos fiscales a los contaminadores, en materia minera, equilibrio ecológico, tratamiento y disposición de residuos peligrosos y preservación de aguas nacionales.
El resultado es destacable por diversas razones. En primer lugar por la escasa representación de estos instrumentos en el PIB de nacional, sobre lo que El Economista refiere que se trata más de derechos que cobran los gobiernos estatales, que además son muy acotados y no recaudan ni disuaden la generación de externalidades. En este sentido, de acuerdo con el estudio Impuestos ambientales: Explicación, ejemplos y utilidad, publicado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de diez impuestos aplicados en varios países miembros de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OECD), México únicamente aplica tres, los cuales corresponden al manejo de tierra, suelo y recursos naturales, a productos petroleros y vehículos. El estudio también compara el desempeño ambiental de México, Australia, Chile, Alemania y Estados Unidos contra el gravamen ambiental correspondiente de cada uno, donde se asume que a mayor recaudación de impuestos ecológicos, será mejor el desempeño ambiental, el cual en este caso se mide a través del Índice de Desempeño Ambiental (EPI, pos sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad de Yale. En este sentido, los resultados confirman la hipótesis pues en países como Australia y Alemania, los cuales recaudan la mayor proporción por este concepto, equivalente a un 1.9 por ciento del PIB, son los que muestran un mejor desempeño ambiental. En comparación con estos dos países, México es el país que menos recauda, cerca de un .01 por ciento del PIB, y que tiene un EPI más bajo. Por último, el CIEP destaca que si bien hay más elementos a considerar, esta selección de países presenta evidencia del alcance de los impuestos ambientales y sus resultados positivos en términos recaudatorios y ambientales.
Otro aspecto importante de esta resolución, es que le permitirá a Zacatecas y a otras entidades federativas hacer frente al cambio climático, pues si bien existe una política nacional orientada a este problema, éste no se podrá tratar sin tomar en cuenta los entornos estatales y municipales de cada entidad federativa para formular políticas de adaptación y mitigación. El entorno se define con base en las condiciones particulares climáticas de cada entidad, el estado de la biodiversidad y la situación de los recursos hídricos; asimismo, este conjunto de variables se ve impactada por las actividades humanas en diferente forma y proporción. En este aspecto, el resolutivo de la SCJN permitirá incentivar el cambio de conductas y procesos contaminantes en un entorno particular, y remediar el daño producido en las áreas más críticas del medio ambiente de cada estado de la república. Por último, también se incrementará la recaudación de los gobiernos estatales, lo que puede suponer una fuente importante de apoyo si continúa la tendencia de los recortes presupuestales durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).


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