Alberto Chiu
Alberto Chiu

Conforme asistimos al aparentemente inexorable avance de la iniciativa sobre la Guardia Nacional en la tramitología legislativa, escuchamos una y otra vez declaraciones y posturas de las distintas comisiones estatales y la nacional de Derechos Humanos, que a su vez recuerdan y repiten las recomendaciones de los organismos internacionales, en torno a que hay que ser muy vigilantes de que este nuevo organismo de seguridad no vaya a violar los derechos humanos de la sociedad.

Lamentablemente, me parece que estos comentarios llevan una jiribilla que le endilga, directamente, casi cualquier posible violación a los derechos humanos, a los elementos de las fuerzas armadas que pasarían a conformar la Guardia Nacional. Y creo sinceramente que es una exageración, con las salvedades de los casos en que se ha demostrado y la aplicación de la justicia militar en cada uno de ellos.

Pareciera como si, al menos en el discurso, se asumiera que el hecho de que haya participación de militares en las tareas de seguridad pública fuera a dar como resultado, de manera inevitable, la violación sistemática de las garantías individuales, con una correspondiente dosis de impunidad precisamente por haber sido cometidas por militares.

¿Pero cómo es entonces posible que, en el mismo tema, sea el Ejército Mexicano una de las instituciones del Estado con mayor nivel de confianza generada entre la población? ¿Cómo es posible que, en cambio, no se hable de la misma forma y con la misma previsión sobre los cuerpos civiles de seguridad donde, ahí sí, se conocen violaciones a los derechos humanos un día sí y al otro también?

Tratemos de ser claros y serios en el asunto: los casos en que elementos castrenses han resultado señalados (y hasta condenados) por estas violaciones han sido explotados mediáticamente hasta el cansancio, mientras que los casos donde se ven involucrados elementos de las policías (municipales, estatales, ministeriales, etcétera) prácticamente han caído en la “normalización” de conductas reprobables y punibles.

Claro que habremos de ser cuidadosos y observantes de que, de cualquier manera que termine aprobándose la Guardia Nacional, la sociedad civil tendrá en sus manos un papel importantísimo en la vigilancia del correcto actuar de esta nueva instancia de seguridad. Pero al mismo tiempo, tendrá también en las manos la gravísima corresponsabilidad de contribuir a la seguridad mediante la cultura de la denuncia, la participación activa en la vigilancia del gobierno, y en la expresión de sus opiniones ya sea de manera individual o colectiva, o a través de sus representantes populares, que no son simples figuras de ornato, y sí en cambio también a ellos hay que exigirles.

Antes de preocuparse si la participación de militares provocaría, en el futuro cercano, violaciones a derechos humanos, ¡preocupémonos primero de las que ya existen ahora, por parte de la autoridad civil, que no son pocas ni menores! Y si el Ejército tiene la confianza de la sociedad, ¡pues demostrémoslo también!


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