Alberto Chiu
Alberto Chiu

Ayer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Seduvot) dio a conocer
que van a extender, unos días más, las pruebas que se hacen ya en varios camiones de la Ruta
17 de la zona metropolitana, a fin de hacer comparaciones con el actual servicio de transporte
público, así como otras pruebas de monitoreo y seguimiento de seguridad mediante cámaras de
video remotas.
Al mismo tiempo, hacen comparativos y revisiones sobre otras plataformas tecnológicas que
pudieran implementarse en nuestros camiones, o incluso se investigan otros camiones que
podrían usarse aquí (en la zona metropolitana, al menos), dependiendo de sus características
técnicas y su adaptación a nuestro entorno.
A todo esto, me parece por demás interesante que hasta el momento no se han escuchado
voces en abierta discordancia con el proyecto que lleva la titular de la Seduvot, María
Guadalupe López Marchant, como en casi todas las ocasiones anteriores, cuando a la menor
mención de “modernización del transporte”, ya teníamos encima una bonita colección de
declaraciones de líderes transportistas, concesionarios y operadores del transporte público,
renegando o criticando la famosa “modernización” en turno.
Quizá sea ahora una señal de que el proyecto se está socializando adecuadamente entre el
gremio, y que hay al menos una mediana aceptación de las pruebas que por el momento se
realizan. Tal vez incluso ya hayan platicado entre ellos sobre su futura participación en el
proyecto de modernización, sobre las posibilidades de cambiar sus unidades motrices, las
cantidades que habrán de invertir, los apoyos a los que podrán tener acceso, las posibilidades
de instalar tecnologías menos contaminantes, y que den más accesibilidad a personas con
discapacidad… ¿o no?
No cabe duda que el “pastel” del transporte público es grande, y resulta ser un buen negocio
(si no, no lo pelearían tantos), de modo que a estas alturas el hecho de que el proyecto camine
aparentemente sin mayores baches o atorones, pareciera ser una buena señal de que, en un no
muy largo plazo, contaremos con un sistema moderno de transporte público en esta zona
metropolitana.
¿Y el resto del estado… qué? ¿Y mientras eso llega, les afectará el recientemente aprobado
impuesto ecológico por emisiones contaminantes? ¿Y seguirán las exigencias de que se regulen
servicios como Uber, Cabify, etcétera? ¿Y se volverá más estricto el control sobre las unidades
que actualmente circulan? ¿Y se dilucidará algún día el enorme cúmulo de acusaciones y
señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en el transporte, que prevalecen hasta
nuestros días?
Ojalá que esos “aires de modernidad” que nos llegan al hablar del futuro del transporte público
en Zacatecas, se lleven (a través de la justicia) todo el hedor que han dejado décadas de turbios
manejos en este servicio público, y que sea siempre en beneficio de la sociedad.


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