Alberto Chiu
Alberto Chiu

La toma de instalaciones de varios centros de acopio de frijol en el norte del estado, llevada a cabo ayer por productores y sin que hubiera un liderazgo explícitamente señalado de entre ellos, me parece es una muestra de que la esperanza puede muy fácilmente trastocarse en desesperanza cuando, de pronto, las promesas recibidas no se cumplen y no hay ni quién pueda explicar los porqués.

Muchos de esos campesinos habían alimentado la esperanza de que, al menos en esta ocasión, todo sería diferente del pasado; habían confiado en que todo cambiaría para bien; en que tal como se los habían prometido, ahora les pagarían inmediatamente el valor de su producción sin la monserga de tener que esperar calificaciones, sanciones, etcétera. Pero no fue así.

Esa esperanza se convirtió, primero, en decepción. Y la toma de instalaciones, a manera de protesta, parece ser la cereza que corona un pastel que ya tenía bastante tiempo en el horno. Una protesta calentándose en el fuego lento del semidesierto productor, el granero del país, debido (al menos eso perciben ellos) a la insufrible burocracia, a las incontables promesas de quienes “operan” los centros de acopio, y a las excusas de igual número de presuntos “servidores públicos” que, en vez de dar soluciones a los campesinos, sólo les dieron largas.

El problema, sin embargo, no es sólo la “maraña burocrática” que pone de pretexto el que antes atendían a poquitos productores y de repente les cayeron muchos. No, la bronca también tiene un fondo (y un futuro) económico, pues mientras les mantienen la promesa de pagarles a 14.50 pesos el kilo de leguminosa, el mercado en el que se mueven los compradores cifra su valor apenas entre los 7 u 8 pesos por kilo.

Con ello, dicen los que saben, se mete al mercado en una especie de olla de presión hacia un “valor ficticio”, únicamente justificado por una política meramente populista que, de no contenerse a tiempo, volverá a explotarle en la cara y las manos ya no sólo a los trabajadores de los centros de acopio, sino al gobierno entero.

Para acabar de coronar el desorden evidente, fue hasta ayer por la noche que el gobierno federal, a través de Diconsa, intentó ofrecer una explicación “convincente” del porqué de los atrasos en el pago, o de las estrictas reglas de acopio, o de cualquier otro posible inconveniente detectado y señalado por los productores inconformes. Pero no lo logró.

Si acaso, resultó “curioso” que el titular de Diconsa explicara más bien que ellos ni siquiera son los del problema, porque esta instancia sólo se dedica a la distribución de los productos, pero como se trata de una dependencia “hermana” (Segalmex), pues salieron a “defenderla”. Vamos, pues, que quien salió a responder del asunto ni siquiera tiene vela en el entierro, como decimos en el rancho.

¿Hasta dónde estirará el gobierno la liga en este caso? ¿Hasta dónde probará la paciencia de los productores del campo? Hasta que la desesperanza se convierta en desesperación, y luego en ira. Ojalá ya pongan orden.


Los comentarios están cerrados.