Alberto Chiu
Alberto Chiu

Cierto, la Fiscalía Especializada en el Delito de Trata de Personas es relativamente “nueva”, dentro de la estructura de la también recientemente reformada Fiscalía General de Justicia del estado. Cierto es también que, quizás, la atención especializada a este delito todavía ni siquiera está suficientemente explorada o prevista en algunos instrumentos jurídico-legales. E incluso que quienes hoy se hacen cargo de ello, como su titular Lorena Oropeza, son en realidad “novatos” no sólo en el tema, sino particularmente en la procuración de justicia.

Sin embargo, esos “baches” no deberían obstar para que desde el momento mismo de su concepción como instancia oficial, y desde el momento en que ya entró en funciones (y que se supone podría disponer ya de algún recurso económico público para su tarea), se dedicara con ahínco precisamente a procurar llevar justicia en el ámbito de trata de personas, que en otras palabras es la lucha contra esta muy moderna forma de esclavitud del siglo XXI.

Según las definiciones más generales en los diccionarios, la trata de personas consiste (aunque no sea una definición limitativa) en “el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano”.

De tratados y marcos legales hay mucho de dónde agarrarse para entender el enorme rango y diverso tipo de actividades en las que se puede dar la trata de personas en todo el mundo y, particularmente, en nuestro país y en nuestro estado.

Por eso, a pesar de lo “novel” de esta instancia oficial, me resulta un tanto corto el resultado anunciado en lo que va de este año: la integración de tres (sí, tres) carpetas de investigación que, aparte, no cayeron directamente a esta fiscalía especializada, sino que le cayeron “de rebote” de otras instancias de la misma Fiscalía General.

Caray, con que salieran un poquito a la calle, al centro de la capital o de los principales municipios, se darían cuenta de que hay, por montones, ejemplos de situaciones donde se puede configurar este delito, principalmente en los rubros de explotación laboral de menores, y de prostitución ajena, por sólo citar dos de sus variantes.

Me parece que una investigación más dedicada y exhaustiva en las áreas de oportunidad que la propia Lorena Oropeza señala, como son las de pobreza, falta de oportunidades y uso de redes sociales, le daría trabajo hasta para aventar “pa’arriba”, como decimos en el rancho. Creo que falta mucho, muchísimo por hacer.

Y es que si no se logra dar resultados más contundentes en esta materia, que está a la vista de medio mundo en la calle, simplemente nos quedaremos con la percepción de que es una fiscalía especializada en la que se está gastando mucho dinero del nuestro, para mantener un aparato burocrático que en realidad sólo ve la vida pasar y no se ensucia las manos. Es decir, un aparato que sólo cubre las apariencias.


Nuestros lectores comentan

  1. JUAN MANUEL ALMAZAN ALEJO. {Chocolate}

    Totalmente de acuerdo Alberto. Pero no solamente esta fiscalía especializada forma parte del aparato burocrático que viven del erario público, pues deberían revisar a la mayoría de las dependencias de gobierno que se la viven llenandose las bolsas con salarios que NO DEVENGAN, salvo poquísimas excepciones.