Jenny González Arenas
Jenny González Arenas

Se firman convenios que esperamos se cumplan. Se reafirman compromisos de campaña que no sabemos hasta qué punto pueden ser exigibles; pero hasta no ver esos convenios convertidos en políticas públicas eficaces, no creemos que mucho o nada se pueda hacer.

Tras dos periodos presidenciales en Chile y una considerable trayectoria en materia de derechos humanos, equidad de género, salud, seguridad y relaciones internacionales, Michelle Bachelet fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomando posesión del cargo el cinco de septiembre de 2018.

En su primera visita a México como Alta Comisionada, los días del 5 al 9 de abril, la expresidente de Chile reconoce que la situación de los Derechos Humanos en México es preocupante, por no decir, alarmante.

Si bien es cierto que la situación de México no es ajena en el exterior y se sabe de la inseguridad que se vive al interior del país, así como de la cuerda floja de la que penden los Derechos Humanos en nuestro país, no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar en el ruedo, por lo que la alta comisionada reconoce que se va desolada y alarmada por la preocupante realidad en la que se encuentran los presos en los centros de detención, o la falta de investigación y resolución de los miles de casos de desaparecidos y homicidios dolosos en el país.

Aunque se hace referencia al compromiso de las autoridades mexicanas por respetar, promover, garantizar y sancionar las violaciones a derechos humanos en el país, también es cierto que los mexicanos estamos cansados de compromisos y falta de acciones concretas.

Entre las reuniones con familiares de personas desaparecidas, el contacto que tuvo con familiares de las víctimas de la violencia y la delincuencia en nuestro país le sirvió a la alta comisionada para darse cuenta de que la realidad en México es devastadora.

Muchas familias sufren inseguridad, pierden la fe en las instituciones y reniegan, con justa razón, de la falta de atención de las autoridades y de las organizaciones no gubernamentales en cuanto al riesgo que representa el mando militar en la Guardia Nacional.

De la visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay mucho que decir, sino reconocer los avances de este órgano en materia de derechos humanos y hablar de los retos que están por venir en esta administración y las posibles reformas que se avecinan.

Ni qué decir de las reuniones con el Congreso de la Unión o con los Secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, quienes no se cansan de recalcar el gran esfuerzo que llevará a cabo la presente administración por respetar los derechos humanos. Se firman convenios que esperamos se cumplan. Se reafirman compromisos de campaña que no sabemos hasta qué punto pueden ser exigibles; pero hasta no ver esos convenios convertidos en políticas públicas eficaces, no creemos que mucho o nada se pueda hacer en materia de Derechos Humanos en este país.

El compromiso de la alta comisionada es contribuir con la capacitación de la Guardia Nacional, asistir técnicamente a los responsables de investigar el caso Ayotzinapa. Se va de México muy preocupada por la situación de violencia y desapariciones, pero mientras las autoridades no se tomen en serio el compromiso de respetar a cabalidad los derechos humanos, poco o nada va a pasar en México para que se muestre un verdadero avance en materia de Derechos Humanos.

Si de firmar convenios se tratara, México sería de los primeros lugares en respeto a los derechos humanos en el mundo. Lamentablemente, firmar un convenio no es suficiente, hacer un evento protocolario y decir “sí estamos comprometidos” no va a cambiar mágicamente la situación.


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