Alberto Chiu
Alberto Chiu

Contrario a lo que muchos esperarían, de que durante este recién terminado periodo vacacional de Semana Santa los hechos delictivos disminuirían, tristemente no fue así. Por el contrario, y aunque en cifras se haya quizás mantenido respecto al ritmo en que se han dado los hechos violentos desde el inicio de este año, el impacto de asesinatos, ejecuciones, asaltos, persecuciones, incendios a casa habitación y vehículos (incluso con personas dentro), provocaron sin duda una sensación de zozobra en la población local.

Incluso hubo, durante estas semanas de Festival Cultural, expresiones de algunos artistas que, sin llegar a temer por su seguridad, sí dijeron haber sabido que en Zacatecas la delincuencia comete tales atrocidades sin que parezca tener freno alguno.

Ante tales circunstancias, resulta por demás lamentable que, encima de las cifras de la violencia, sobresalgan cada vez más también las voces de aquellos que, habiendo sido víctimas o familiares de víctimas de esta violencia, se alzan en contra de quien se supone es punto medular en la procuración de la justicia: la Fiscalía General de Justicia del Estado, y por supuesto en contra de su titular, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco.

El asesinato de la joven Nayeli Nohemí, estudiante de Derecho en la UAZ, cometido prácticamente en las narices del Fiscal, puso sobre él y su oficina una primera mirada de desconfianza. Pero lo que sucedió un par de horas después de ese asesinato, cuando precisamente sus policías investigadores le habrían quitado la vida al joven Marcos García al someterlo (según explicaron los propios peritos forenses), acabó por echar a un sector de la población directamente encima de su actuar, y su eficiencia.

Pero esas quizás sean sólo un par de gotas que derraman el vaso que, desde hace meses, muchos ven desbordado, sobre todo al comparar el alto número de delitos (muchos de ellos de alto impacto) con el limitado número de consignaciones, detenciones y, obviamente, condenas de presuntos responsables de tales delitos. Mucha violencia, más violencia, y al menos aparentemente menos justicia.

Y lo dicen así las víctimas y los familiares de las víctimas de asesinato, lesiones, robo, extorsiones, secuestros, etcétera. Y lo exigen mediante publicaciones en redes sociales, y cuando tienen oportunidad lo gritan en las calles en manifestaciones a las que prácticamente nadie (de las autoridades competentes) parecen hacer caso. La respuesta, generalmente, es un silencio ominoso y, según algunos, abiertamente delator.

Quizás las oficinas de Derechos Humanos, en el estado y nacional, escuchen algo de estos reclamos; quizás señalen la tardía e incompleta impartición de justicia; quizás, como muchas veces, sólo sean “llamadas a misa”. Mientras tanto, las víctimas se siguen acumulando, al mismo ritmo en que la sociedad acumula desconfianza de la Fiscalía estatal, y de su fiscal Murillo Ruiseco, quien sólo parece tener el apoyo y la confianza… del gobernador.


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