Alberto Chiu
Alberto Chiu

He de confesar que sí, me da pena repetirme. Pero es que a veces las circunstancias obligan, gracias a la memoria, a revisar situaciones que ocurren actualmente, pero que tienen enormes similitudes –o de plano son iguales– a otras ocurridas tiempo atrás. Y en este caso, el reclamo de las cámaras empresariales por el manejo del Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina (FISN) ante su posible desaparición, me hizo recordar…

Por allá de febrero del 2015 (sí, hace ya cuatro añotes, todavía durante la administración alonsista), escribí en estas mismas líneas que “desde su creación, la administración del fideicomiso está en manos de la Secretaría de Finanzas y que existe un comité técnico del mismo –en el cual están integradas las cámaras empresariales–, que discierne y aprueba o rechaza los planes, proyectos, obras, inversiones y adquisiciones relacionadas con inversión productiva en beneficio del estado.

En otras palabras, como también se ha dicho muchas veces hasta como presunción de los gobiernos, se administran los recursos aportados por los empresarios locales a través de 2 por ciento de impuesto a la nómina, para que se inviertan en obras o acciones que promuevan la generación de empleos y el desarrollo económico, en términos generales.”

Lo escribía, en ese entonces, como contexto al reclamo hecho por los líderes empresariales de entonces porque supuestamente la Secretaría de Finanzas no había integrado al fideicomiso unos 90 millones de pesos ya recaudados de las empresas, aunque los propios empresarios habían estado presentes en cada una de las reuniones del comité técnico del FISN.

Ahora, el reclamo público es por la posible desaparición de dicho fideicomiso, con todo y que se dicen cansados de que se use ese dinero en pagar adeudos, ayudar a instituciones educativas, cubrir gasto corriente del gobierno, y no precisamente en su objetivo inicial: fomentar y promover el desarrollo económico mediante el apoyo a las empresas. Un reclamo que, sin duda, suena también legítimo y válido a todas luces.

Sin embargo, aquí debo repetirme una vez más porque, como hace cuatro años, considero nuevamente que la situación es igual: “No sería la primera vez que, en nuestra entidad, veamos a los dirigentes de la cúpula empresarial elevar tibios pronunciamientos para luego, en unos cuantos días (y algunos periodicazos después) salir nuevamente a los medios a decir que todo está bien, que ya platicaron con el gobierno y que no hay nada más que objetar.”

Nuevamente, sólo nos queda la espera. Veremos si los reclamos de los líderes camarales verdaderamente tienen incidencia en quienes pretenden desaparecer el fideicomiso; si es que se muestran como verdadero contrapeso y balancean la acción tanto del Ejecutivo como el Legislativo estatales; y si, finalmente, se deciden a ponerse las pilas en la defensa de sus propios recursos, para que sean utilizados en aquello para lo que –se supone– pagaron sus impuestos. A menos, claro, que nuevamente veamos cómo en un par de días más los contentan o negocian, y se acaban los reclamos.

 


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