RENÉ FERNANDO LARA CERVANTES | NTRZACATECAS.COM
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Este año, los incendios forestales se volvieron un problema serio a nivel nacional por sus impactos y alcance. De acuerdo con datos de El Financiero, hasta el 15 de mayo se tenía registro de 4 mil 425 incidentes, que afectaron 152 mil hectáreas en 84 por ciento del territorio nacional. Asimismo, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) refirió que 3 mil 800 bomberos combaten en promedio 100 incendios diarios en bosques, matorrales y tierras agrícolas a lo largo del país. Ante esta situación, Greenpeace México solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador la declaración de un estado de emergencia ambiental e implementar el Plan DN-III-E, para que las fuerzas armadas apoyen a todos los niveles de gobierno en la extinción de estos siniestros. Cabe mencionar que a esta solicitud se unieron El Poder del Consumidor y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Si bien es cierto que la probabilidad de incendios es mayor durante abril y mayo debido a las  altas temperaturas y a la ausencia de lluvias, la severidad de eventos de este tipo aumenta por variables como cambio climático, tala inmoderada y falta de presupuesto para su prevención, los cuales ponen a bosques y selvas en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, en el marco de la actual administración, es importante deliberar sobre la política ambiental, sus propósitos, metas y conveniencia. En este aspecto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en su Eje General de Bienestar,  incorpora el derecho a un medio ambiente sano (Objetivo 2.5). En ese objetivo, la deforestación y el cambio de uso de suelo son considerados un factor importante de degradación ambiental, por lo que un manejo forestal sustentable es crucial para inducir mejoras.

En este aspecto, las cifras del PND 2019-2024 indican que, de los 66 millones de hectáreas de bosques y selvas que hay en el país, sólo 15 millones cuentan con un manejo forestal sustentable y únicamente 3 millones tienen certificación de buen manejo. Asimismo, el documento incluye un indicador que mide la disminución de la deforestación, cuya línea base (2018) es 33.36 por ciento y su meta para 2024 es 33.29 por ciento, lo que da lugar a dudas razonables sobre el tema al mantenerse el indicador prácticamente constante.

Desde el punto de vista presupuestal también hay incongruencias, como la reducción del presupuesto de la CONAFOR, que en 2016 recibió 7 mil millones de pesos y en 2019 únicamente 2 mil 500 millones. Además, en cuanto al recurso específico para el combate de incendios forestales, éste cayó de 300 millones  a 150 millones de pesos este  año, lo que limita el alcance de las acciones preventivas y merma también la capacidad institucional de combatir los incendios forestales.

Por lo anterior, es recomendable analizar los programas que promueven acciones para el manejo forestal sustentable, entre los que destaca el programa Sembrando Vida, que, de acuerdo con el Centro de Infestación Económica y Presupuestaria  (CIEP), consiste en dar subsidios de cinco 5 mil pesos mensuales y apoyos en especie a sujetos agrarios con ingresos menores a la línea de bienestar rural, y que cuenten con 2.5 hectáreas para proyectos agroforestales, de forma que se sostengan los servicios ambientales de la región donde se aplique. No obstante, la CONAFOR  ya gestiona desde 2012 el programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, que cuenta con Reglas de Operación, y cuyo objetivo es proteger y conservar los recursos forestales, así como incentivar patrones de producción sustentables que beneficien a economías locales. Este programa apoya a los propietarios de formas diversas, entre las que se incluyen incentivos económicos como pago de servicios ambientales por captación de agua, mantenimiento de la biodiversidad, captura y conservación del carbono, que es el aspecto que más similitudes guarda con Sembrando Vida.

El CIEP refiere que el parecido de ambos programas conlleva a cuestionar la viabilidad y conveniencia de Sembrando Vida, pues la CONAFOR cuenta con personal calificado para asesorar a ejidos y comunidades en la elaboración de proyectos, tiene evaluaciones que le permiten mejorar sus operaciones y cuenta con Reglas de Operación, que incentivan la transparencia y rendición de cuentas. No obstante, Sembrando Vida tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos y es el tercer programa con más recursos de la Secretaría del Bienestar; mientras que Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable tiene solo 154 millones, un 47 por ciento menos que en 2018. Por esta razón, sería recomendable que los dos programas estuvieran bajo las Reglas de Operación de la CONAFOR, con el fin de evitar la duplicidad de apoyos y mejorar las probabilidades de éxito en cuanto a manejo forestal.

La información anterior muestra las contradicciones entre la vinculación de la política forestal y social de la actual administración, por la falta de una meta más ambiciosa en materia de deforestación, el recorte presupuestal a la autoridad especializada en manejo forestal sustentable y el control de contingencias en el sector, así como la implementación de programas más de corte asistencialista sobre otros con resultados más duraderos a mediano y largo plazo. En este sentido, la relación entre bienestar y un medio ambiente sano es borrosa, como si estuviera detrás de una cortina de humo.

RENÉ FERNANDO LARA CERVANTES

“Es recomendable analizar los programas que promueven acciones para el manejo forestal sustentable, entre los que destaca el programa Sembrando Vida, que, de acuerdo con el Centro de Infestación Económica y Presupuestaria  (CIEP), consiste en dar subsidios de cinco 5 mil pesos mensuales y apoyos en especie a sujetos agrarios”.

 


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