DAVID H. LÓPEZ
DAVID H. LÓPEZ

Opiniones jurídicas sobre asuntos mediáticos y viceversa. Lo jurídico y lo mediático debieran ser esferas que se comunican y entrelazan para construir democracia. Cada una funcionando con su propia lógica, pero buscando lo que en abstracto entendemos como “bien común”. Con una alta dosis de responsabilidad, pero los abogados deberían opinar más sobre cuestiones mediáticas, ya que los políticos y los comunicadores suelen hacerlo con asuntos jurídicos.

En nuestro país inició hace décadas la transición a una democracia electoral, pero aún desprovista de balances que impidieran su secuestro en favor de intereses minoritarios. En varios aspectos el neoliberalismo mexicano impidió una transición realmente democrática; no sólo alentó la presencia de poderes fácticos como los económicos y mediáticos, sino los fortaleció. Dichos poderes acumularon recursos (empresas, vocerías, medios de comunicación, asociaciones denominadas “organismos de la sociedad civil”) para operar en favor de su agenda de intereses y proceder implacablemente contra quienes los vulneraran.

Se ha discutido ampliamente que la dinámica de los contrapesos no sólo es política en proporción a gobiernos y grupos parlamentarios, sino también en muchos otros ámbitos. En democracia no sólo es necesario contrarrestar al poder político, sino a todo lo que se constituya en poder.

Hace unos días la Barra Mexicana de Abogados envió un exhorto (tal cual se lee) al Presidente de la República pidiéndole, en pocas palabras, que se abstenga de presionar a particulares con la amenaza de exhibirlos mediáticamente cuando emprendan acciones jurídicas que le resulten adversas. Tales acciones, según dice el posicionamiento, “atentan contra el Estado de Derecho”.

Quedaría a debate si el exhorto tiene intrínseca una limitación a la libertad política y de expresión del Ejecutivo, pero independientemente de su sustancia, estos posicionamientos con miras a cuidar el Estado de Derecho, no sólo valen, sino son necesarios.

Sin embargo, también es preciso un ejercicio de consistencia de parte de la Barra. Ahora que se metieron a la práctica de los posicionamientos mediáticos, agregar otros tantos a diversos sectores de la sociedad cuya actuación a veces no fortalece el imperio de la ley, se antojan urgentes.

Y van sugerencias: más culturización a medios y periodistas en términos jurídicos, ya que al confundir –por ejemplo– “amparo” con “suspensión de amparo” y no se sensibiliza sobre la importancia de esa figura que en el Derecho mexicano ha ayudado por décadas a proteger derechos humanos, se crea un entorno de rabia social que puede desembocar en conductas como la justicia por propia mano. Además el juicio de amparo ha sido asociado con protección a pillos, por lo que le urge una campaña de relaciones públicas.

Una exhortación similar a la del presidente, pero a otros actores políticos, económicos y sociales en relación al –por ejemplo– respeto a la legitimidad electoral de la autoridad electa, cualquiera que sea, para atemperar mezquindades como el #AMLORenuncia.

Otra más, pero hacia la comunidad empresarial para no emplear recursos extralegales (a veces ilegales) contra trabajadores, proveedores y otros particulares en el ejercicio de sus derechos que pudiera resultar adverso a las oligarquías económicas.

Es decir, verdaderas campañas que promuevan una cultura del Estado de Derecho en México, con mensajes claros, públicos definidos, lenguaje universal y rasero parejo a la hora de exhortar.

Ya que ahora, con un elemento aislado, emitido en un momento por demás oportuno para ciertos intereses, y difundido con profusión por los medios, despertaría otro tipo de sospechas respecto del papel de un ente como la Barra Mexicana de Abogados, en su actuación mediática, que tendría sospecha de usar su voz selectivamente, sólo en favor de los clientes más poderosos de los servicios jurídicos que brindan sus miembros.


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