MANUEL IBARRA SANTOS
MANUEL IBARRA SANTOS

Quedó resuelto finalmente el conflicto de la minera Peñasquito, después de 78 días de paro de actividades productivas, gracias a la intervención de la Secretaría de Gobernación, dependencia federal que definió agenda, ritmo y tiempo, para la superación del problema. El papel de la administración local quedó reducido, virtualmente, a un papel secundario.

Los miles de trabajadores de esta empresa minera, filial de una de corporaciones multinacionales más poderosas del planeta, retornaron a sus actividades normales el lunes 17 de junio pasado. Las enseñanzas que dejó este acontecimiento son múltiples.

La primera conclusión que arroja la solución del conflicto minero es evidente y se asocia a un fenómeno de carácter político que destaca el hecho que nos narra algo incontrovertible y obvio: la gobernabilidad económica y social de Zacatecas pasa de manera incuestionable por el apoyo que la Federación pueda otorgar (o no) a nuestro Estado.

Lo anterior significa que poco margen de maniobra y de éxito puede tener una tentativa de confrontación del Estado con el Gobierno de la República. En 200 años de historia, toda intentona de tal naturaleza, Zacatecas la ha perdido estrepitosamente.

Al intervenir como mediadora en el conflicto de la minera Peñasquito, la Secretaría de Gobernación mostró capacidad de convocatoria y la administración de López Obrador estableció (impuso, pues) condiciones.

La resolución del problema Peñasquito establece una nueva lógica de relación entre los capitales transnacionales de la minería que operan en el país y el gobierno de López Obrador, para que se cumplan los compromisos con los campesinos, se respeten los derechos humanos y se evite la actuación impune de las empresas que atentan en contra del equilibrio ecológico.

La administración federal lanzó un mensaje de confianza contundente a los inversionistas internacionales y dejó claro que las transnacionales tendrán que sujetarse a las normas, reglas y condiciones que establezca el Gobierno de la República. De lo contrario, podrán irse del país.

El mensaje fue contundente y directo para la empresa multinacional Newmont, quien llegó a nuestro país mediante una fusión económica de grupos financieros mundiales, pero que no había tenido la suficiente delicadeza de correr la cortesía al titular del Poder Ejecutivo de la Nación.

En ese escenario, jugó un papel protagónico estratégico el senador José Narro, como representante de los ejidatarios de la comunidad de Cedros y de los trabajadores de la empresa, además como puente de comunicación con la Secretaría de Gobernación y con Napoleón Gómez Urrutia.

Al final la solución del conflicto aporta una fórmula de ganar–ganar: triunfa el derecho, gana la Federación, los ejidatarios, los trabajadores, la empresa, pero también Zacatecas. Parece que las aguas vuelven a su nivel.

 

Peñasquito y su

fuerza multinacional

La minera Peñasquito forma parte del gigante multinacional Newmont–Goldcorp, el mayor productor de oro en el mundo, con presencia en América, África y Australia, que ostenta el registro de generar por año hasta siete millones de onzas de oro. Es impresionante la riqueza de este consorcio.

A principio del año en curso (2019), Newmont empresa de capital norteamericano, con sede en Denver, adquirió con inversión por 10 mil millones de dólares, las acciones de Peñasquito propiedad hasta entonces de la compañía canadiense Goldcorp.

Hoy, ésta megaempresa multimillonaria, tendrá que reconocer su compromiso que tiene con el desarrollo de Zacatecas y México y que su obligación está en respetar la Ley, no en violarla.

La moneda está en el aire y debemos en Zacatecas leer con precisión esta experiencia y lección: la resolución del problema de Peñasquito, como muchos otros, entre ellos el de la nómina magisterial, pasan incondicionalmente por el aval que otorgue la Federación. De lo contrario, habrá que sufrir, pero mucho.

Si ante eso persisten los obsesivos que le apuestan a la confrontación, o son entonces masoquistas, bisoños, irreflexivos, o simplemente no les interesa el bienestar de los zacatecanos, sino sus propios privilegios e intereses.


Nuestros lectores comentan

  1. Guillemo Nava Gayts.g

    Me parece justo la resolucion final, ya que mas que unas cuantas personas se beneficien,, lo haran mas de 18,000 personas que laboran directa o indirectamente de esa fuente de trabajo, tamb ien que se indique mundialmente que dicha mina pertenece al Municipio de Mazapil, y no como lo hacen algunas fuentes que lo ubican en Concepcion del Oro.