Alberto Chiu
Alberto Chiu

Cuando de enfrentamientos políticos se trata, hacen falta dos que sepan para que, más o menos, se logre obtener algún beneficio resultante de dicha confrontación: nuevas ideas, conceptos, dilucidación de realidades jurídicas, redefinición de objetivos de gobierno, etcétera.

Pero cuando dicha confrontación no está bien planeada, ni bien asesorada, ni sus protagonistas gozan de sentido común o de un mínimo de habilidad –y hasta cierta maña–, se corre el enorme riesgo de aparecer haciendo el ridículo y dejando en ridículo al cargo que se ocupa, al equipo de trabajo y, por supuesto, a uno mismo.

Y eso parece haberle pasado –oootra vez– al gobernador Alejandro Tello, en el ahora muy llevado y traído asunto de la famosa factura que, en presuntas investigaciones de la senadora de Morena, Soledad Luévano Cantú, evidenciaría que el mandatario tiene (o tuvo, o tendría) oficinas en Mallorca, España, y que a través de ellas se estaría llevando a cabo alguna clase de operación financiera con quién sabe qué clase de recursos. O bueno, al menos es lo que la senadora dio a entender, o lo que se le entendió.

Es decir, para que se entienda: la senadora Luévano Cantú prácticamente habría insinuado una acusación de lavado de dinero o de manejo irregular de recursos en el extranjero. Una acusación que, vista de frente, no es por ningún lado menor ni menospreciable.

¿Y qué fue lo que hizo el gobierno del estado ante la velada acusación (“lo vamos a investigar”) enfilada contra el jefe de las instituciones estatales? En primer término, salió a “defender” al gobernador su coordinador de Comunicación Social, Héctor Alvarado, contestándole, o más bien revirando con otras acusaciones, señalando a la senadora… una corta lista de nimiedades y banalidades. Hasta ahí, parecería haberse contenido y hasta distraído el asunto. Peeero

Apenas después, fue el propio gobernador Tello quien, aparentemente de forma inopinada, tal vez ni consultada ni asesorada, emitió su propia declaración poniéndose de pechito (“¡que me investiguen!”) y reavivando así la relevancia que, con la declaración de Alvarado, ya habían logrado “bajar de nivel”.

Pero como si eso no fuera suficiente, horas más tarde la coordinación de Comunicación Social envió a los medios un boletín de prensa que, en resumidas cuentas, confirmó la pifia de todo mundo: develó la falta de coordinación comunicacional en el primer nivel del gobierno estatal, la carencia de estrategia para atender estos y otros asuntos tanto por sus comunicadores como por sus asesores, la nula atención a los detalles, a los niveles, las jerarquías y la correspondiente discriminación de lo que es importante y lo que no. ¿Qué necesidad de exponer al mandatario?

Y ante todo esto, más allá de la investigación sobre la factura o sobre el domicilio fiscal; más allá de las acusaciones de Luévano Cantú; más allá de quién le conteste a la senadora… la pregunta es la misma: ¿Quién pierde en todo el asunto? El gobernador Tello, obviamente. Y parece que nadie piensa en las consecuencias.


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