KAREN CALDERÓN | NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- El 26 de junio se estableció como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, para conmemorar la entrada en vigor, en 1987, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Esa asamblea definió la tortura como “todo acto por el que un funcionario inflige, ordena, o consiente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona, con el fin de obtener de ella información o confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla”.

Martha Berenice Vázquez González, fiscal especialista en la materia, afirmó que en Zacatecas hay grandes avances en el tema de la prevención y la investigación de este delito.

Además, destacó que uno de los principales logros fue la creación de la Fiscalía Especializada, que se instituyó en respuesta a una obligación internacional. Actualmente, desde 2016 a mayo de 2019, este órgano contabiliza 73 carpetas de investigación y 15 averiguaciones previas por tortura.

La fiscal detalló que en estos procedimientos están involucradas principalmente las instituciones de seguridad pública, entre ellas las policías Estatal Preventiva (PEP), de Investigación, Ministerial del Estado (PME) y municipales.

Asimismo, agregó que las indagatorias iniciaron, entre otras causas, por vistas que dieron jueces sobre procesos en los que detectaron presuntos casos de tortura, denunciados por víctimas o por notar indicios, mientras que otras vías fueron a petición de ministerios públicos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

Sin embargo, este delito también se investiga de oficio y no prescribe, es decir, no caduca y puede ser juzgado en cualquier momento; el órgano correspondiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) está obligado a indagar lo que sucede a las posibles víctimas y, de acreditarse la tortura, llevar el caso ante un juez para que determine la sanción a los responsables.

Vázquez recordó que éstas son investigaciones muy extensas porque requieren dictámenes especializados, como médicos y psicológicos, que deben efectuarse conforme a lo establecido en el Protocolo de Estambul, documento con directrices internacionales para la evaluación de las personas que afirmen haber sufrido tortura o malos tratos.

En cuanto a la atención para quienes la padecieron, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo énfasis en que se requieren programas especializados de rápida actuación; “el trabajo de los centros de rehabilitación y de las organizaciones especializadas de todo el mundo demostró que las víctimas pueden hacer la transición desde el horror a la curación”.

Por otra parte, del lado de las autoridades, María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la CDHEZ, informó que este organismo trabaja en coordinación con corporaciones policiacas y los custodios de los Centros Regionales de Readaptación Social (Cerereso) estatales en capacitación para garantizar que se respeten los derechos humanos durante su labor.

En este contexto, mencionó que la comisión que dirige emitió recomendaciones por tortura y tratos crueles e inhumanos a la Policía Investigadora y a Jerez de García Salinas, este último por actos de abuso cometidos por elementos de seguridad de esa demarcación.


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