Alberto Chiu
Alberto Chiu

Va de nuevo. Luego de muchos años de estar escuchando sobre la famosa “modernización del transporte” para la capital del estado, nuevamente parece tomar fuerza la idea de que, dentro de muy poco, los habitantes de esa zona metropolitana contaremos con un sistema de transporte público moderno, eficiente, ¿quizás más económicamente soportable y confiable además? Como siempre, parecen sueños guajiros.

Una y otra vez, de cuando en cuando, las distintas administraciones estatales han manejado el asunto en la superficie, casi siempre quedándose hasta donde los intereses particulares de unos cuantos concesionarios del transporte, sus operadores o las agrupaciones que componen el gremio, lo permiten. Y por supuesto, de ahí no pasa el tema, se encarpeta, se guarda en un cajón… y hasta que alguien más lo reviva.

Y lo hemos visto revivir incluso de manera artificial con inyecciones fuertes de dinero, como cuando la hoy senadora Claudia Anaya Mota, entonces diputada federal, logró gestionar y direccionar varios millones de pesos para que acá se promoviera la modernización mediante la adquisición de algunos camiones con rampas para personas con discapacidad, monitores para los paraderos de rutas urbanas, barras y sensores de conteo de pasajeros, y muchas cosas más. Creo que mucha de esa inversión, que aprovecharon algunos, ya hasta se perdió.

Han sido varios los estudios de movilidad urbana presentados a gobernadores como Amalia García y Miguel Alonso, y el que ahora María Guadalupe López Marchant tiene en el escritorio de Alejandro Tello, cuya implementación es lo que me parece lo más interesante del asunto, sobre todo después de escuchar sus declaraciones ayer.

A decir de la secretaria López Marchant, el 95 por ciento de los concesionarios y operadores actuales del transporte público, están de acuerdo y ya incluso firmaron un acuerdo “en blanco y negro” sobre su participación en el nuevo modelo de movilidad urbana; acuerdo en el que habría una cláusula (o cláusulas) que prohibiría la entrada de un inversionista externo –se supone que al estado, o a ese gremio local–, con el objetivo de que sean ellos mismos quienes se organicen en una sola empresa local que operaría dicho sistema.

De entrada, me parece que de lograrse semejante intentona, sería un ejemplo de cristalización de aquél lema primario de los Estados Unidos: “e pluribus unum”. De muchos, hacer uno. ¿Que todos (o casi todos) los concesionarios se unan en una sola sociedad empresarial para operar el nuevo sistema de transporte? Suena a que, por ejemplo, renunciarían a sus cotos particulares de poder –que usan cada que se ofrece en los cambios de gobierno–, a cambio de compartirlo en un solo coto unificado… ¿bajo el mando de quién?

¿Quién hará el liderazgo de todos? ¿Quién aglomera ya la decisión de la mayoría de ellos, como para que la secretaria López Marchant haya conseguido firmar un convenio con este grupo que, sobra decirlo, no es fácil de convencer? ¿Qué tan cerca están nuestros transportistas de renunciar a los intereses grupales y convertirse en un sólido ente empresarial? Personalmente, tengo muchas dudas. Muchísimas.


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