Alberto Chiu
Alberto Chiu

Tras la llegada de la Guardia Nacional, ayer desde temprana hora, en las redes sociales muchos se volcaron a expresar básicamente dos posturas: la positiva, con esperanzas de que su presencia coadyuve definitivamente a disminuir los hechos de violencia en todo el estado; y la negativa, con la enorme duda sobre si será suficiente su actuar, y si de veras vienen a procurar la paz en la entidad.

Pero su llegada será solamente uno de los factores que podrían modificar la situación de violencia tanto en nuestro estado como en todo el país. Otro, sin duda, tendrá que ser el correspondiente combate a la pobreza, y en eso el titular de la Sedesol estatal, el priísta Roberto Luévano Ruiz, al menos tiene definido el tamaño del problema.

De acuerdo con sus más recientes declaraciones, se sabe que en toda la entidad hay unas 780 mil personas en estado de pobreza, es decir, prácticamente la mitad de la población zacatecana; pero además, de esa cifra, unas 56 mil personas están en extrema pobreza, lo que significa que no pueden satisfacer al mismo tiempo varias de sus necesidades básicas, o sea que al mismo tiempo puede que no tengan para comer, un lugar para vivir, modo de acceder a la salud o a la educación, etcétera. No por nada también se le conoce como estado de “penuria”.

Según algunos estudiosos de la materia, el factor de la pobreza es uno que incide en la posibilidad de que las personas, muchas veces desesperadas porque no logran salir de ella, acaban tomando el camino de la delincuencia para allegarse de recursos, sin importar que sean de procedencia ilícita. Olvídese de quienes escogen irse de aquí a buscar oportunidades a otras entidades o al vecino país del norte, esos casos son los de menor preocupación.

De modo que si por un lado la Guardia Nacional pretende atacar la delincuencia, por otro lado el Estado, en este caso a través de la Sedesol estatal, tiene en sus manos este otro factor que podría también hacer la diferencia entre que haya más delincuentes o que se frene el crecimiento de las bandas delincuenciales.

Según Luévano Ruiz, el estado tiene varios programas operados por la Sedesol local para “ayudarle” a la gente a alcanzar mejores estadios de desarrollo; casi todos, incluyen, por supuesto, la entrega de apoyos diversos, con el objetivo de paliar la pobreza. Y, por supuesto, todos estos apoyos provienen o se operan con recursos del propio estado. A su vez, hemos visto cómo desde el gobierno federal de López Obrador se implementan también muchos y muy diversos programas de apoyo (becas, beneficios, etcétera), con recursos federales.

No olvidemos que todos esos recursos, a final de cuentas, salen de los bolsillos de los mexicanos, que son parte de nuestros impuestos pagados, y que somos nosotros quienes también ayudamos a que esas personas puedan tener mejores oportunidades.

La pregunta, como siempre, queda en el aire: ¿será suficiente ese abanico de apoyos, estatales y federales, para que los ciudadanos pobres salgan de dicha franja y eviten al mismo tiempo caer en la delincuencia? Quizás sea tan suficiente como el actuar de la Guardia Nacional, con los elementos que han llegado ya aquí.


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