MANUEL IBARRA SANTOS
MANUEL IBARRA SANTOS

El Estado Confesional, El Laicismo y El Obispo de Zacatecas

El reciente debate sobre los matrimonios igualitarios fue un extraordinario motivo para conocer el real perfil, por cierto, muy reduccionista y pequeño, de los integrantes de las actuales élites política y clerical (unidas ambas por el pragmatismo y la ambición), movidas por la obsesión de relanzar a Zacatecas al pasado oscuro del Estado confesional, superado desde hace 159 años por las Leyes de Reforma y consolidado por los cambios jurídicos al artículo 130 de la Constitución, concretados en 1992. Con mezquindad e innecesariamente se alentó la peligrosa polarización ciudadana.

La discusión sobre dicho tema polémico desató una especie de micro “cristiada” y una revuelta de tipo medieval, conducida por los dogmas religiosos y nunca jamás por la argumentación racional de las normas del derecho, ciencia que, más allá de cualquier pretexto, tiene la obligación de regular la convivencia de las sociedades contemporáneas, por encima de los fanatismos.

Es evidente que al obispo Sigifredo Noriega Barceló y a sus aliados desde el poder político y civil, les faltó mesura y prudencia, para impedir la ríspida polarización social. El desenlace sobre el tema no deja triunfadores y, al contrario, produce un saldo negativo de enfrentamiento entre grupos de presión, en un escenario en donde la sociedad estuvo ausente, más preocupada en cómo resolver su circunstancia impuesta por una economía difícil y un pueblo sacudido por la violencia criminal.

A Sigifredo Noriega le faltó por mucho la prudencia de Don Fernando Chávez y la inteligencia de monseñor Javier Lozano Barragán, características que le proyectaron, a este último, a nivel global como responsable de importantes puestos en el Estado Vaticano, compartiendo los honores de ser colaborador del Papa Juan Pablo II, con Benedicto XVI y gozar la amistad entrañable del Papa Francisco. ¿Acaso valió la pena poner a pelear a la sociedad, cuando bien se pudo evitar?

Ahora nadie puede negar que Sigifredo Noriega ha adquirido nuevos roles meta/constitucionales adicionales y sumados al de líder espiritual de la grey católica. Se agregan a su responsabilidad el nombramiento de facto como supremo “legislador”, al tener la osadía de citar a su morada a un grupo de diputados para marcarles “línea”, los que acudieron incondicionalmente. Esto describe que no hay cuidado de formas, decencia y urbanidad política. El Estado confesional, en su máxima expresión, pues. ¿Dónde ha quedado la separación Estado/Iglesia? ¿Será tal vez en el basurero de la historia?

 

Artículo 130 de la Constitución:

El Artículo 130 de nuestra Carta Magna garantiza el principio histórico de la separación Estado/iglesias, fundamento jurídico que debe guiar la convivencia civilizada de la sociedad mexicana. El Estado laico en México tiene una tradición de 159 años de historia.

El inciso “e” del Artículo 130, que precisa jurídicamente la separación Estado/Iglesias, establece que los ministros de los cultos no podrán en actos públicos, de culto o de propaganda religiosa, oponerse a las leyes del país, ni a sus instituciones. Hacerlo implica violar las normas legales de la República. Este principio aplica por igual a la autoridad civil.

 

La Iglesia y el Estado Laico:

En 1959 el Papa Juan XXIII convocó a la realización del Concilio Vaticano II y en él pregonó la importancia de promover la libertad religiosa en el planeta, como un mecanismo para fortalecer la modernización de la Iglesia Católica.

Pero no solamente eso. Fue más allá y la Iglesia manifestó su plena conciencia de que el Estado moderno ya no puede ser, necesariamente, cristiano y/o confesional, sino neutral.

Por si fuera poco, el Papa Benedicto XVI, de origen alemán, en su encíclica Deus Caritas Est, a inicios de este milenio, revindicó la responsabilidad que el catolicismo tiene para reconocer la obligación de distinguir “Lo que es del César y lo que es de Dios”, dando de esa manera valor a la sabiduría contenida en el texto de La Biblia.

En Zacatecas ha faltado, por lo tanto, oficio y prudencia para procesar los asuntos públicos, sin llegar al extremo del conflicto y la polarización.


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