Alberto Aguilar
Alberto Aguilar

ESTA SEMANA BANXICO, que encabeza Alejandro Díaz de León, dio a conocer los resultados de la encuesta de junio en torno a las expectativas de la economía por parte de los expertos.

Quizá lo más relevante es que una vez más se ajustó el pronóstico de crecimiento del PIB para 2019 a solo 1.13 por ciento. También continuó el descenso para la escena de 2020, que está ya en un avance de apenas 1.66 por ciento.

Para nadie fue sorpresa esta situación, que obviamente no incluye el impacto adicional que traerá para la confianza del sector privado la revisión de los contratos a los gasoductos que exige la CFE de Manuel Bartlett.

Dado que con ello se afecta la certidumbre jurídica, ya que dichos convenios fueron signados por el gobierno federal, no es descartable que la dinámica siga a la baja y con ello las expectativas económicas de este año y el próximo.

Ahora mismo la actividad atraviesa por un proceso de desaceleración, pero de continuar el desfile de políticas públicas controvertidas, algunos expertos ya no observan tan remota una recesión para finales del año.

Y es que no hay indicios de que la inversión se pueda recuperar. La privada por la incertidumbre existente y la pública por la contracción del gasto, tanto por la política de austeridad como por su reorientación a programas sociales.

En este escenario también encaja la desaceleración de las importaciones y obviamente del consumo que se ha debilitado. Esta variable fue en 2018 un importante soporte.

En dicha situación claro que influye la desconfianza, pero también la inflación sobre niveles del 4 por ciento, que para muchas familias, ya frente al mostrador, puede significar 7 por ciento, con aumentos salariales más bien acotados.

Nielsen, que dirige Enrique Espinosa de los Monteros y que recoge periódicamente la situación del consumidor mediante un panel de 6 mil 300 hogares, calcula que hasta abril el crecimiento de la canasta total muestra un crecimiento de solo 0.7 por ciento. Además las misceláneas que constituyen un universo de un millón de unidades en el país terminaron con una caída de 1.3 por ciento en ese mismo lapso.

Ayer la AMIA, de Eduardo Solís, y la AMDA, a cargo de Guillermo Prieto, difundieron los datos de la venta de autos en junio. En dicho mes se tuvo una caída del 11.4 por ciento y en el acumulado del primer semestre la baja es de 6.4 por ciento, con 638 mil 597 autos vendidos.

En AMDA, que dirige Guillermo Rosales, no se observan elementos para creer que la actividad comercial de ese rubro pueda repuntar en la segunda mitad del año.

Es más, se observa un semestre incluso más difícil, de ahí que se hayan ajustado las previsiones de ventas del año ya de por sí pesimistas.

De arranque y en función de la zozobra que vive la economía, se proyectaba una caída del 4.4 por ciento contra 2018. Esto habría significado un año con un millón 358 mil unidades.

El nuevo escenario ya visualiza una baja de hasta 8 por ciento en este 2019, lo que implicaría ventas por un millón 300 mil unidades. Con ello el tamaño del mercado retrocedería a los niveles de 2013-2014, dada la drástica caída de la confianza del consumidor, ahora mismo más cauteloso por las interrogantes que hay y la propia inflación.

Así, el salvavidas que significó el consumo en ejercicios pasados da evidencias claras de desinflarse.

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TRAS EL ESCANDALO que ocasionó Manuel Bartlett, de CFE, con el tema de los gasoductos, otra vez regresaron los cuestionamientos a la política de “buen vecino” que sigue el CCE, de Carlos Salazar, con el gobierno. Si bien con esto se ha buscado el tratar de sembrar para que IP y gobierno trabajen en común, lo cierto es que en la parte energética se mantienen acciones que en el mediano plazo van a restar competitividad a las empresas y, peor aún, un enrarecimiento del entorno económico. No es descartable que el discurso comience a modificarse en algunos miembros del organismo cúpula. COPARMEX, de Gustavo de Hoyos, abrió brecha. También se destaca CANACINTRA, de Enoch Castellanos, y más recientemente CONCANACO, de José Manuel López Campos.

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Y CON RESPECTO al alza de tarifas ferroviarias por la eliminación de la deducibilidad del IEPS que entró en vigor en mayo y que no hace mucho notificó el SAT, de Margarita Ríos-Farjat, resulta que la industria está a la expectativa de una reunión de CONCAMIN, que preside Francisco Cervantes, con Carlos Urzúa, de la SHCP, en la que se solicitará se restituya el incentivo para KCSM, de José Zozaya, y FERROMEX, de Germán Larrea, dado el impacto transversal del alza de tarifas que ya aplican los trenes a su clientela. Con ECONOMIA, de Graciela Márquez, también se realizaron gestiones pero sin respuesta. CAINTRA, que preside Adrián Sada, estima que el incremento en costos del transporte ferroviario significará un golpe para la industria de unos 4 mil mdp.

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SIN DUDA BUENA noticia, aunque aún habrá que esperar. Ayer la SCJN mantuvo vivo el recurso que presentó desde hace tiempo el INEGI, de Julio Santaella, para eludir la austeridad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que hace a los topes salariales. Todavía falta que se presente otro proyecto en la corte a cargo de Arturo Zaldívar para que dicho instituto pueda sostener las remuneraciones que le permitan retener su talento. De lo contrario, créame que hay la amenaza de renuncias masivas y de la eliminación de muchos proyectos de investigación estadística, nodales para enriquecer nuestra toma de decisiones. Veremos.

 


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