René Fernando Lara Cervantes
René Fernando Lara Cervantes

La protección del medio ambiente es fundamental para lograr el desarrollo sostenible, al ser un eje transversal que toca tanto las dimensiones cultural, social y económica; cabe mencionar que el estudio titulado La ineficiencia de la desigualdad, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2018, recomienda un cambio en el paradigma de desarrollo con base en políticas públicas orientadas a un gran impulso ambiental, y cuyos elementos clave residen en la transparencia, evaluaciones de su impacto, procesos participativos y la reducción de asimetrías de información, para así mejorar el acceso a la justicia en asuntos medioambientales.

En lo que se refiere a política pública, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales se ha vuelto un tema espinoso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que sus proyectos estelares del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya han recibido múltiples críticas por sus posibles consecuencias ambientales. De acuerdo con el diario El País, en el caso del aeropuerto, la obra muestra problemas vinculados a la escasez de agua, contaminación del aire, manejo de residuos y cambios en el hábitat de la fauna, que debieron considerarse en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). En el caso de la refinería, el gobierno argumentó que ya contaba con todos los permisos necesarios; no obstante, únicamente tenía licencia para la ampliación del dragado del puerto donde se ubicarían dichas instalaciones. Por último, el Tren Maya todavía no cuenta con los estudios de impacto ambiental requeridos por ley previo a iniciar su construcción.  Según la legislación, para poder iniciar las obras es necesaria la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual tiene hasta 90 días para evaluar las MIA; sin embargo, algo en común que tienen estos tres proyectos es la poca disposición del gobierno federal a esperar por la resolución, factor que puede derivar en una mala toma de decisiones.

Lo anterior está relacionado a lo que puede denominarse “ecocidios autorizados”, al aprobarse proyectos o entregarse concesiones de explotación de recursos naturales que causen daños al medio ambiente. Sobre este tema, el caso más reciente apunta a Grupo México, tras el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, debido a una falla en una válvula en sus instalaciones en Guaymas, Sonora. Cabe mencionar que el mar de Cortés fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad en 2005 y, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), sus aguas albergan 6 mil 941 especies de diferentes tipos de fauna y es considerada la zona pesquera más importante de México, al contabilizar 80 por ciento de la pesca realizada en el Océano Pacífico. A reserva de conocer con mayor precisión los impactos ambientales de este desastre, en el área ya se puede observar la muerte de flora y fauna, lo que sin lugar a dudas causará un desequilibrio ecológico. Hasta ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró las operaciones de Grupo México en Guaymas; además, el presidente indicó que, antes de tomar medidas drásticas sobre este tema, escuchará, dialogará y negociará con la empresa, destacando que “no hay privilegios para nadie”. Sin embargo, el resultado de la negociación se vislumbra incierto al considerar el historial de desastres provocados por Grupo México,  que contabiliza 22 ecocidios en las últimas tres décadas, siendo uno de los más graves derrames el de hace unos años, de 40 mil metros cúbicos de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi, cuyo daño no ha sido resarcido en su totalidad. También se puede esperar un diálogo ríspido, pues hay que considerar que se trata de los intereses económicos de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, y que, a pesar de su historial de desastres, no ha recibido sanciones ejemplares, y cuyas subsidiarias, como  Ferromex y Ferrosur, levantan la mano para involucrarse en la construcción del Tren Maya.

Por lo anterior, es altamente recomendable que el gobierno muestre un mayor interés y compromiso con el medio ambiente, como parte de un nuevo modelo basado en  una política pública e instituciones orientadas al desarrollo sostenible y a la corrección de desigualdades inherentes a problemas ambientales, así como la generación de condiciones propicias para la alineación de intereses, tanto públicos como privados. En este sentido, lo que se decida sobre los proyectos del aeropuerto, la refinería y el Tren Maya, así como la resolución sobre el derrame en el mar de Cortés, serán fundamentales para conocer la postura de la actual administración en materia medioambiental. Esperemos  que sea favorable y de largo plazo.

lararene83@yahoo.com.mx


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