Alberto Chiu
Alberto Chiu

La iniciativa presentada en estos días por el diputado Javier Calzada Vázquez (PES), para que la Auditoría Superior del Estado revise todo lo relativo a las concesiones de transporte vigentes en la zona metropolitana, a fin de tener mejor idea de la próxima implementación del PlataBus, el nuevo sistema de transporte urbano, fue bien recibido por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), Guadalupe López Marchant.

¿Y cómo no? Se supone que un análisis concienzudo del actual sistema de transporte urbano ayudará, sin duda, a sentar mejor las bases del próximo; a saber cuántos y quiénes son realmente los próximos accionistas del nuevo sistema; a determinar cuántas concesiones en realidad no están trabajando; y así muchos otros datos por el estilo.

Lo que me llama la atención, sin embargo, es que tenga que ser hasta ahora, que se busque que una instancia externa haga esa revisión, cuando se supone que quien debe tener toda esa información es, desde el principio, la Dirección de Transporte, dependiente de la Secretaría de Seguridad Vial. O sea, Tránsito del Estado, como lo conocíamos anteriormente.

Esta petición hecha por Calzada Vázquez lo pone a uno a pensar en que, lamentablemente, las concesiones de transporte se siguen manejando dentro de una especie de “zona oscura” que, lamentablemente, ha servido muchas veces para fomentar la corrupción, para favorecer a unos cuantos “miembros privilegiados” de las llamadas mafias del transporte, y para pagar facturas políticas sobre todo a ex funcionarios, en detrimento de muchos operadores que, con la esperanza puesta en el escalafón de su sindicato, se han quedado esperando una concesión durante años.

Hay registros de operadores de taxi, por ejemplo, que han esperado hasta entre 30 y 35 años por un permiso para ellos, trabajando como empleados de otros, incluso de ex funcionarios públicos que en su vida han manejado un taxi.

¡Por supuesto que debe ser transparente toda esa información! Y que con claridad el mismo gremio de transportistas sepa, desde ahora, cómo es que el monstruo del transporte urbano está en manos –quizás– de personas beneficiadas por motivos políticos, principalmente.

De aprobarse la medida de auditar las concesiones, tenga usted por seguro que más de tres concesionarios brincarán para demandar seguridad, para exigir que no les quiten nada de lo que tienen, y para tratar de sacar también raja política del asunto. Y ahí entrarán también los sindicatos, y uno que otro actor político que buscará llevar agua a su molino. El negocio da para eso y más, no importa que el usuario siga viendo cómo buena parte de nuestro sistema de transporte urbano es un asco.

Esperemos, a ver cómo un proyecto que de sí parece bueno (la “modernización del transporte”) vuelve a convertirse en botín político de un grupito de advenedizos. Ante ello, sólo queda tener esperanza en que quien tiene las riendas del asunto, no las vaya a soltar por miedos ni presiones. Ya lo veremos.


Los comentarios están cerrados.