Alberto Chiu
Alberto Chiu

Dicen que el que pega primero pega dos veces… pero eso no siempre sucede. Incluso, hay ocasiones en que al que pega primero le va como en feria. Y en materia electoral, hay que cuidarse mucho de no pegar –por lo menos– antes de que dé inicio el tiempo marcado por la ley para “lanzarse” a la aventura de conseguir afinidades, adeptos, seguidores, o como les quiera llamar, que al final de la jornada se convertirán en votos a su favor.

Si lo hacen antes del tiempo marcado, pues ahí vienen las famosas denuncias por “actos anticipados de campaña”, con los consiguientes procesos legales que, como ya sabemos, convierten el escenario electoral en un circo de mil pistas que quizás entretienen, pero no divierten ni valen el boleto que los ciudadanos pagamos.

Aunque así lo marque nuestra legislación actual, yo no estoy tan de acuerdo en ello. Si las leyes consignan que los mexicanos gozamos del derecho de votar y ser votados, y podemos ejercitar la libertad de expresión, pues creo que no está mal que, quien se sienta con suficientes arrestos y capacidad para el desempeño de la función pública, diga desde temprano y exprese libremente sus intenciones de llegar a tal o cual puesto público de elección popular. Vamos, para que la ciudadanía se entere desde un principio, y ello también sirva de “cedazo” entre la sociedad pensante.

Quizás mientras más pronto mostrasen sus “colores” y sus “devaneos” los aspirantes o aspirinos, tal vez con la misma prontitud los ciudadanos podríamos descartar de una buena vez a quienes se vea que no tienen ni idea de lo que pretenden, o a los menos preparados, o a los que persiguen sólo el beneficio económico particular, etcétera.

Tal vez en esa misma “destapada tempranera”, nos daríamos cuenta de qué tan desunidos y/o conflictuados están los partidos políticos, viendo las pugnas internas por definir o aceptar candidaturas, o incluso podríamos percatarnos de qué tan civilizados son los institutos políticos, cómo ejercen su tolerancia interna, su disciplina, sus procedimientos de formación y selección de cuadros, y mucho más. Claro, siempre y cuando practicasen también la transparencia que tanto presumen.

Si acaso un funcionario público en funciones aspirase a otro cargo de elección, nos daríamos cuenta más fehacientemente qué tan comprometido está con su actual puesto, cuánto le importa el servicio que presta a la sociedad desde donde labora, e incluso tal vez le sería exigible el conocer las causas por las que pretende dejar lo que esté haciendo, para ir a buscar ese otro puesto.

Lamentablemente, ya en la realidad es evidente que quienes aspiran hacen hasta lo imposible por “empezar sin empezar”, o por lo menos sin que se note que ya empezaron sus campañas, so pena de las acusaciones arriba citadas en el segundo párrafo. Hemos visto cómo hay quienes usan el cargo que actualmente tienen para aprovecharlo como trampolín político. Y de sobra sabemos quiénes aspiran para obtener o sostenerse en el poder con miras obvias de beneficio particular.

Ya empezaron a adelantarse todos, hay que decirlo. Unos más visibles que otros, pero todos adelantados. La ley electoral y sus recovecos nos darán el circo legal, y sólo falta ver si los aspirantes que se mueven –que son muchos– se revelan como payasos o como malabaristas o como domadores de leones. ¿Usted a qué actor preferirá? Empiece a pensarle…


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