Enrique Laviada
Enrique Laviada

No por favor. Por lo que más quieran, no. Nadie está en condiciones de imponer juicios morales, con pretensiones redentoras o sin ellas. Peor aún si es que se trata de condenar al otro por la muy probable y sencilla razón de que piensa diferente, vive de otra forma, entiende el mundo a su manera. Estamos cansados de los falsos “guardianes del bien común”, no los queremos. En realidad, diría que no nos hacen falta. No por favor.

Estas ideas me vienen a la mente cuando escucho los débiles argumentos que se oponen o incluso pretenden condenar a las mujeres que exigen el derecho al aborto legal. Sobre todo, en un país donde esto es un problema de salud pública. Y muy grave. Aunque la estadística es incierta, se tienen indicios de que cientos o miles de mujeres tienen que enfrentar las peores condiciones para intentar una solución radical, como la del aborto, a un embarazo no deseado. Clínicas de mala muerte, médicos abusivos, procedimientos insalubres, negocios clandestinos, redes de la peor corrupción conforman el tétrico cuadro del aborto ilegal. Eso, sin contar con que, al final, y en el extremo de la injusticia, esas mujeres son consideradas y tratadas como criminales. Una cruel realidad.

En esas condiciones, resulta sospechoso que haya personas interesadas en erigir “tribunales morales” empeñados en establecer “las reglas duales” referidas, como siempre, al bien y al mal. Esa tentación moralista de gobernantes y dignatarios, líderes y prelados es una grosería. Descalificar es más que ingenuo. Pero perseguir pareciera perverso. La supeditación de la voluntad individual a centros normativos (léase la Iglesia, la religión, la Cartilla Moral) bien pude incrementar el conflicto, en lugar de resolverlo. Esta situación aporética (aporía, dícese de una contradicción que no puede superarse: Ética posmoderna, Zygmunt Bauman) hace de las comunidades actuales el escenario de continuas batallas por la “verdad absoluta”, lo que quizá sea el peor de los defectos en uno y otro bando de la discusión, por ejemplo, acerca del aborto legal. Por eso, la moralidad es incurablemente aporética y da lugar a confrontaciones tan estériles. Cuando de lo que se trata es de resolver dilemas éticos, no morales. Es decir, encontrar la mediación civilizada y racional entre el ámbito de lo público y lo privado.

Así debería encausarse el debate. No se trata de imponerle el aborto como regla de conducta a ninguna mujer. Ni de invadir las creencias personales. Sino de resolver un asunto de legalidad. Ahí es donde se encuentra el efecto emancipador del pluralismo. La ley puede proteger a las mujeres que opten por la interrupción de un embarazo en circunstancias específicas y condiciones determinadas, entre las que son conocidas la violación, la pobreza extrema y, también, la decisión individual. Hablo de la capacidad humana para elegir. Desde el punto de vista legal que protege el derecho de cada persona a decidir. Esto implica que “cada persona es capaz de hacer una elección moral, y como sujeto moralmente responsable” (Bauman), a lo que agregaría que es, así mismo, socialmente respetable. En esta lucha de los grupos feministas por la legalización del aborto encuentro, en suma, un modelo para fundamentar que los seres humanos “tenemos la capacidad de actuar como nuestros propios agentes morales”, sin la necesidad de centros rectores del pensamiento y la conducta.

Por eso sostengo que la discusión que apenas comienza atañe a la naturaleza humana, en un sentido ético, ese que se puede construir entre todos y decidir por medio de los instrumentos de la racionalidad democrática. Pero por favor, no más versiones de la non santa inquisición. Por favor.

 

Acertijo

De buenas consciencias sobran empedrados


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