Alberto Chiu
Alberto Chiu

En días recientes, desde la semana pasada, comenzó a circular en las redes sociales (“tímidamente”, debo decir), el presunto relato de un pasajero del transporte público que, palabras más, palabras menos, describía cómo una persona supuestamente armada había asaltado, a punta de pistola, a todos los pasajeros y al chofer de un camión urbano, entre el acceso a Colinas del Padre y la colonia CTM. Todo un tramo largo del Tránsito Pesado, donde no hay más paradas.

Algunos días antes de que el relato se comenzara a difundir –sin tener la certeza de que sea cierto o no, aclaro–, hubo también una reunión en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, entre las autoridades de seguridad y algunos concesionarios y choferes de rutas urbanas de Guadalupe, quienes se quejaban precisamente de que habían recibido amenazas e incluso sufrido robos, y que amenazaban con parar su operación si la policía no les apoyaba.

En ese momento, me pregunté por qué una reunión de tal importancia (la tiene, claro) no se amplió para contemplar a todos los concesionarios de transporte público. Y por qué no dar más y mejores certezas (sobre todo a los usuarios) de que hay seguridad en los camiones que cruzan por la zona metropolitana. A todos, no sólo a unos cuantos que se quejaron.

Es sabido, y lo hemos visto en innumerables ocasiones, que lamentablemente quienes sufren algún asalto, amenaza, acoso, robo, etcétera, no siempre se “animan” a presentar la denuncia correspondiente, casi siempre por “temor a las represalias”, o porque desconfían de la autoridad y de sus resultados, pues “nunca hacen nada”, y finalmente todos esos hechos quedan impunes, y dejan abierto el camino para que los delincuentes sigan cometiendo fechorías.

Pero la falta de denuncias no es pretexto para no actuar, y más aún cuando al menos unos cuantos ya se quejaron, pero se sabe que este tipo de delitos se cometen en todas partes. ¿Que les están cobrando “derecho de piso” a los choferes y dueños de camiones por trabajar? Me parece que no es ninguna novedad; lo hemos escuchado de conductores y operarios tanto de taxis como de microbuses. ¿Que hay amenazas incluso si se niegan a “entrarle al negocio”? Es tema de charla común entre ellos, y ya llegó a hacerse público.

Quizá lo más lamentable de todo esto, incluso más allá de la aparente inactividad de las corporaciones policiacas, que no logran parar la delincuencia, sea el que hay una corriente de opinión que asegura –sin certezas, tampoco– que todas estas noticias sólo tienen un objetivo: limpiar el camino para que, en el nuevo sistema de transporte y movilidad urbana, sólo queden unos cuantos “del contentillo” de la autoridad, con quienes ya hay “negocios apalabrados”. Corrupción, pues, para que sea más claro.

Ojalá ni las amenazas sean ciertas, ni los robos en los camiones urbanos empiecen a ocurrir como en otras ciudades, ni estén asentando sus reales aquí esa clase de delincuentes. Ojalá tampoco el nuevo sistema de movilidad urbana sea sólo una pantalla para unos cuantos corruptos. Ojalá lo transparenten de manera que todos, concesionarios y usuarios, sepamos que están haciendo bien las cosas. Ojalá.


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