Alberto Chiu
Alberto Chiu

Las manifestaciones que desde el pasado lunes realizan taxistas en el aeropuerto internacional de la CDMX, con el correspondiente caos vial que siempre les acompaña, aunado además a todas las broncas provocadas a viajeros -frecuentes y no frecuentes, nacionales e internacionales-, también contiene representación zacatecana, según nos enteramos.

A decir de Salvador Maldonado, una delegación de «taxistas independientes» zacatecanos participaron en esa manifestación y bloqueo, tanto afuera como adentro de la Terminal 1 del AICM, para exigir que aquí también (como en otros estados del país) se regule el uso de plataformas digitales como Uber y Didi, y que para eso incluso ya presentaron «varios planteamientos», en los que debería tener participación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La premisa básica de los taxistas consiste, según ellos mismos lo han externado, en que dichas plataformas (y varias más que están por entrar en operación) funcionan «ilegalmente» en el país, por lo que hay que meterlas en cintura, regulándolas… o de plano sacándolas de circulación. Y ante la aparente desatención de las autoridades, parece que se decantan por lo segundo: exigir su desaparición.

Según algunos taxistas manifestantes en la macrourbe del país, ellos llevan la de perder pues, de entrada, para poder obtener una concesión, pagar tarjetones y licencias respectivas, tienen que invertirle desde unos 50 mil pesos, cosa que los conductores de plataforma no hacen.

Pero además, exigen también que las plataformas, si es que quieren competir, eliminen las tarifas dinámicas y se ajusten a una tarifa fija, como ellos. Dicen que quieren «piso parejo», o de lo contrario continuarían con más manifestaciones que, por lo pronto, a Zacatecas todavía no llegan.

Los bloqueos en la CDMX causaron, evidentemente, un verdadero caos, colapsos viales en distintos puntos de la ciudad, pérdidas económicas enormes, y por supuesto malestares a miles de capitalinos. ¿Y en Zacatecas qué irá a pasar? ¿Estará preparada la ciudad si se les ocurre replicar aquí esta manifestación? ¿Cómo pretenden solventar la exigencia, si hace ya meses sucedió algo similar y no hubo más que promesas al gremio? ¿Cuáles derechos protegerá la autoridad, si los de los taxistas o los de la ciudadanía afectada?

Son demasiadas interrogantes que, invariablemente, irán a caer al escritorio del secretario general de Gobierno, Jehú Salas, al del subsecretario de Seguridad Vial, y al de Seguridad Pública. Y ya veremos cómo los atienden.

Por lo pronto, y dadas las recientes experiencias, sería de esperarse que no haya respuestas concretas para ellos; que los legisladores seguirán esquivando el tema olímpicamente, y que la ciudadanía, lamentablemente, seguirá padeciendo la incapacidad de todos. Mientras eso sucede, este Coralillo se mantendrá al acecho… y esperando su lectura los próximos lunes.


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