RICARDO MONREAL ÁVILA
RICARDO MONREAL ÁVILA

El poder fiscal, es decir, el poder imponer contribuciones a la ciudadanía es la naturaleza esencial, inmanente, del Estado moderno (junto con el monopolio de la violencia legítima). Condonar impuestos, en cambio, es un acto extraordinario, circunstancial y reversible.

Cuando la condonación se vuelve sistemática, discrecional y continua, impactando la capacidad económica del Estado, estamos en presencia no de un Estado fiscal, sino de un Estado condón, en el que se protege a algunos contribuyentes privilegiados con un impermeable ad hoc para que no se contagien de la más elemental de las obligaciones de transmisión fiscal: contribuir, en la medida de sus posibilidades y de sus ingresos, al sostenimiento de la sociedad, vía la hacienda pública.

Durante casi una década, de 2006 a 2015, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron un billón 88 mil 400 millones de pesos, a precios actualizados a 2019. A esta cifra hay que agregar el monto de 200 grandes contribuyentes que actualmente están amparados y que totalizan 273 mil 700 millones de pesos, a precios de este año. Hablamos de poco más de una quinta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 o el equivalente a todas las compras y adquisiciones del Gobierno federal para el próximo año.

Entre los beneficiarios de estas condonaciones se encuentran por igual contribuyentes del sector público, como la CFE y universidades públicas, así como bancos, consorcios industriales y comerciales del sector privado.

Por ello, la reforma para terminar con la facultad presidencial de condonar impuestos, promovida por el presidente AMLO, es el primer paso firme dado en mucho tiempo para combatir la elusión fiscal, y el peldaño inicial de una reforma fiscal integral cuyo objetivo no sea únicamente recaudar más, ampliando la base de contribuyentes (reduciendo evasión y elusión), sino gastar mejor, con un sentido de eficiencia social y rendición de cuentas.

El Estado mexicano, desde su nacimiento, vive un dilema fiscal: por un lado, cómo cobrar impuestos de manera justa y progresiva a una sociedad secularmente desigual; por el otro, cómo aplicarlos de modo transparente y eficaz para que el fisco se vuelva una palanca de desarrollo y no una rueda de molino que estrangule a la economía.

Es un dilema traumático, porque, desde la época de la colonia, imponer súbitamente contribuciones altas ha sido causa de revoluciones, asonadas y castigos ciudadanos. Un IVA del 10 al 15 % hundió para siempre al gobierno de Ernesto Zedillo, mientras que el “gasolinazo” de enero del 2017 terminó de cavar la tumba política de la administración de Peña Nieto.

Condonar impuestos a grandes contribuyentes fue uno de los cordones umbilicales más sólidos entre el poder político y el económico. En muchos casos, inclusive, se podría presumir que era la forma como el poder político pagaba al poder económico sus apoyos y favores en campañas electorales. Por ello, el fin de las condonaciones fiscales presidenciales no sólo separa a estos dos ámbitos del poder, sino que cierra una de las puertas más anchas y proclives a la corrupción oficial.

En este sentido, el fin del Estado condón no es solamente una buena noticia para las finanzas públicas, también lo es para la salud de la vida pública y democrática de la nación.

 

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA  


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