Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento

“El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente”.

William Cabell Bruce

 

Los manifestantes se tomaron el puente. Las tiendas de campaña estuvieron vacías, pero los activistas regresarán hoy a su trabajo. Lo suyo, después de todo, es un negocio. Quieren 30 mil millones de pesos o lo más que logren tomar del erario.

Distintas organizaciones que se autodenominan campesinas han bloqueado los acceso del Palacio Legislativo en los últimos días. Han logrado que se cancelen varias sesiones legislativas, al grado que la Cámara de Diputados ya está en violación del mandato constitucional de aprobar el presupuesto de egresos el 15 de noviembre.

Los líderes del bloqueo provienen de grupos políticos muy distintos. El morenista Eraclio Rodríguez es a un mismo tiempo diputado, beneficiario de programas sociales y organizador del bloqueo. Antorcha Campesina, un grupo nominalmente priista pero que organizaba movilizaciones contra los gobiernos del PRI, participa también. El presidente López Obrador, quien dicta la línea a los diputados de Morena y del PT, se ha negado a aceptar que se sigan entregando subsidios a grupos políticos e insiste que los programas sociales deben darse directamente a los más pobres. Yo estoy de acuerdo con él.

Supongo que hay argumentos válidos de ambas partes. Lo que no podemos permitir en un régimen democrático es que los grupos de poder bloqueen las discusiones del Congreso para presionar a los legisladores para obtener más dinero público, como si fuera un derecho adquirido.

El Estado se crea para realizar funciones que los individuos y las familias no pueden hacer por sí mismos. Idealmente debe recibir aportaciones de todos los miembros de la sociedad para realizar funciones que beneficien a todos. Cuando un grupo toma control del gobierno para su beneficio particular la población pierde confianza en las instituciones. Esto sucedió con los grupos que se enriquecieron al amparo de la administración pública en el pasado. El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue en buena medida consecuencia del hartazgo de la población con lo que se percibía como el secuestro del Estado por parte de algunos privilegiados.

Muchos de estos grupos, sin embargo, se han mantenido activos en la Cuarta Trasformación y siguen exigiendo recursos. Lo estamos viendo en la discusión del presupuesto de 2020. El bloqueo del Palacio Legislativo es una forma de extorsión.

El presidente López Obrador no se deja presionar tan fácilmente como sus predecesores, lo cual puede ser un problema en muchos casos, pero no en este. Hemos visto, sin embargo, que cuando las presiones son muy fuertes, puede echarse para atrás. Ahí está el uso de la Guardia Nacional como policía migratoria, a pesar de la promesa de que abriría las puertas a los inmigrantes centroamericanos, debido a las exigencias del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Recordemos también la liberación de Ovidio Guzmán tras su captura en Culiacán por las presiones del cártel de Sinaloa. Esperemos que en este caso no ceda.

Por lo pronto, una vez más se está negociando con extorsionadores. Hay quien quiere seguir usando el dinero público para beneficio privado. López Obrador, que es bastante tacaño con el dinero público, probablemente impedirá que esta práctica se extienda más. Pero las tiendas de campaña en San Lázaro nos recuerdan que en México son muchos los grupos de presión que extorsionan al gobierno para obtener tratos preferenciales o dinero del erario.

 

Pruebas genéticas

¿Cómo se determinará quiénes deben recibir el trato especial que se dará a los indígenas en programas sociales? ¿Se aplicarán pruebas genéticas? ¿Realmente queremos definir el trato a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno por la raza y no por la necesidad?

 

Twitter: @SergioSarmiento


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