Economía de la violencia y el desplome brutal de la paz
La publicación de la semana pasada sobre los resultados del Índice de Paz México 2023 que ubican a Zacatecas como uno de los dos estados de la República (el otro es Colima) donde más se ha deteriorado la paz social revela dos hechos incontrovertibles de profundas repercusiones negativas para nuestra entidad: 1) Que se están enraizando las bases de “la economía de la violencia”, fundadas en la actividad del narco; y 2) Que se han desplomado de manera brutal las condiciones de convivencia armónica y legal entre los zacatecanos.
La economía de la violencia, lo sostienen todos los especialistas (entre ellos Jürgen Brauer), se sustenta en dos complejos factores determinados, primero, por las relaciones entre los grupos del crimen organizado y, segundo, por la capacidad de ellos para generar violencia, que es la fuente de sus ganancias.
En un modelo de economía de la violencia, que tiene como lógica la concentración de los ingresos en unas cuantas manos, los principales actores beneficiados, son tres: a) Las organizaciones criminales; b) Los políticos y burocracias que manejan los presupuestos públicos en materia de seguridad (que cada vez son mayores); y c) Los proveedores de materiales y servicios en este ámbito (los que comúnmente facturan a sobre precios) y, adicionalmente, muchos de ellos mantienen relaciones con los dos primeros.
Economía de la violencia
El ascenso de la economía de la violencia en Zacatecas es impresionantemente avasallante. Veámoslo en cifras. El Instituto para la Economía y la Paz (ICP), responsable de elaborar desde hace más de 10 años el índice por la Paz en México, nos aporta tres datos ilustrativos:
El valor de la violencia en nuestro Estado, en el último año, ascendió a 121 mil millones de pesos; ese monto equivale al 45 por ciento del PIB/Estatal, cuando en el país fue del 18 por ciento; el costo de la violencia per cápita en la entidad fue de 72 mil pesos por individuo, cuando la media nacional se estacionó en los $35 mil. Es decir, un 100 por ciento más elevado en Zacatecas.
El costo de la violencia en Zacatecas del último año, es ocho veces más que el presupuesto destinado a educación en el 2023 en la entidad; tres mil veces más que lo canalizado a ciencia; 700 que lo etiquetado a cultura; y mil veces más que lo autorizado a deporte.
Las consecuencias de la violencia
El permitir que en Zacatecas se instale un modelo de economía de la violencia (¿a quién conviene?), tendría entre muchas otras las siguientes consecuencias negativas, en el corto, mediano y largo plazo:
1) Se auspiciaría la proliferación de los grupos delictivos; 2) Producción del desempleo; 3) Aumento de la pobreza; 4) Caída de los ingresos entre la población; 5) Destrucción de la infraestructura productiva; 6) Perturbación de la economía; 7) La fuga de capitales; 8) Pérdida de vidas humanas; 9) Cancelar el futuro de las nuevas generaciones; y 10) Perversión de la vida democrática y política de Zacatecas.
Cuando los escenarios violentos se han instalado en nuestra entidad, sus efectos han sido dolorosos. Para superar, por ejemplo, la violencia revolucionaria de La Toma de Zacatecas, del 23 de junio de 1914, tuvieron que pasar más de seis décadas, para registrar una relativa recuperación.
Las élites políticas zacatecanas tendrán que replantear cómo superar la economía de la violencia y simultáneamente cómo atender los rezagos ancestrales del Estado. Un compromiso de tal naturaleza que requiere de inteligencia estratégica y no mediocridad.
En nuestro estado necesitamos trascender del modelo de economía de la violencia a uno sustentado en economía de la paz positiva
Pilares de la Paz Positiva
La UNESCO documenta que los pilares de la paz positiva, en favor del desarrollo humano y la economía digna, son los siguientes:
- 1. Gobiernos eficientes; 2. Educación de calidad y altos niveles de capital humano; 3. Distribución justa de los ingresos; 4. Entorno empresarial sólido; 5. Relaciones sociales sanas; 6. Defensa de los derechos humanos; 7. Bajos niveles de corrupción; 8. Combate a la pobreza; y 9. Digitalización de los procesos culturales y económicos.