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CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar del histórico despliegue de fuerzas federales en todo el País, la violencia en el País no cede.

Siendo el logro de la paz y la disminución de violencia promesas centrales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, son ahora sus pendientes que le pesan como losa, en su primer año de Gobierno.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 27 de noviembre de 2019, la llamada Cuarta Transformación acumuló 34 mil 657 víctimas de asesinatos, un promedio de 95 al día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

Aunque AMLO atiende personalmente el problema al encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana, el 2019 se perfila como el año más violento del que se tenga registro.

No obstante que tuvo el más largo arranque de un Gobierno, pues desde julio de 2018 tomó el proceso de transición con la administración anterior y anunció por anticipado nombramientos en el área de seguridad, la falta de resultados también se refleja en aumento de delitos como plagio y extorsión.

Según el Ejecutómetro de Grupo Reforma, el País ha registrado, en promedio, un multihomicidio de nueve o más personas cada mes.

Y según el Observatorio Nacional Ciudadano, las tasas de delitos de alto impacto como homicidio doloso y culposo, feminicidio, secuestro, extorsión y trata de personas son, en todos los casos, más altas que en 2018.

«La promesa de recuperar la paz y disminuir la violencia en México desde el inicio de la presente Administración sólo quedó en el discurso.

«La incidencia delictiva continúa en ascenso y es un hecho que este año será el más violento de la historia contemporánea del País. A casi un año de esta administración carecemos de resultados tangibles», planteó el

Observatorio en un informe titulado «La seguridad de los mexicanos: Lo prometido aún es deuda».

La creciente violencia y la inseguridad no sólo se han visto reflejadas en las cifras, sino –además de las fosas en Jalisco y los ataques en Minatitlán y Veracruz– en dos momentos clave: la toma de Culiacán y la masacre de la familia LeBarón.

La estrategia puesta en marcha, anunciada como «un cambio de paradigma» que busca bajar los índices de letalidad, ha requerido de reformas constitucionales y legales, pero también de inversiones millonarias en programas sociales, licencia para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles cinco años más y la creación de una Guardia Nacional.

En el discurso, el Mandatario ha apostado a un llamado de conciencia a quienes integran las bandas criminales, para que dejen las armas, no se deslumbren con el dinero fácil, el lujo y, así, no lastimen a sus madres y abuelas.

Existe un despliegue histórico de fuerzas federales en todo el País que no ha contenido los índices delictivos. Han sido movilizados casi 63 mil militares, 14 por ciento más que la Administración anterior y 19 mil más que con Felipe Calderón.

Además, de acuerdo con la SSP, se pretende cerrar el año con unos 92 mil elementos de la Guardia Nacional, con presencia en todas las entidades federativas.

La Fiscalía General de Chihuahua desplegó operativo en zona limítrofe de Sonora para apoyar en búsqueda de integrantes de familia LeBarón.

Antonio Baranda y Claudia Guerrero
Agencia Reforma


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