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CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma que prohíbe casi todos los esquemas de outsourcing, impulsada por el morenista Napoleón Gómez Urrutia, dará hoy sus primeros pasos hacia su aprobación en el Senado.

La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y del IMSS, que ha sido criticada por el sector empresarial, se votará hoy en Comisiones Unidas del Trabajo y Estudios Legislativos Segunda, donde Morena tiene mayoría, por lo que se prevé su aprobación.

En el arranque de la sesión se ausentaron los legisladores de PAN, PRI, PRD y MC, pero se alcanzó quórum con los senadores de Morena y sus aliados.

Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo (PT), pidió a Gómez Urrutia responder a las cámaras empresariales que han criticado la iniciativa.

Germán Martínez, de Morena, sostuvo que la principal corrupción es la subcontratación laboral y que la subestimación de cuotas es una sangría al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El legislador acusó que las fortunas de algunas familias se hicieron ricas a costa del trabajo de los empleados.

Por supuesto que criminalizamos a quienes se roban el fruto del trabajo, sostuvo.

Martínez también aclaró que no se va a desaparecer todo el outsourcing, sino la subcontratación que simula que no existe relación laboral.

La iniciativa considera actos simulados casi todos los esquemas actuales de outsourcing y los equipara con delincuencia organizada cuando implican la evasión de impuestos.

Además, obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera retroactiva y simultánea, el pago de utilidades correspondiente a todo el tiempo en el que hayan estado subcontratados.

Una vez que la ley entre en vigor, los contratantes podrán convenir un plazo de sólo seis meses para cubrir los pagos, no importando la cantidad de trabajadores a los que deban indemnizar.

«En el caso de que se haya incurrido en cualquiera de las hipótesis de simulación precisadas, el contratante o beneficiario está obligado a cubrir a los trabajadores el reparto o participación de las utilidades, en tanto que deriva de derechos fundamentales de aquellos, por todo el periodo en que hubieren estado bajo un régimen de subcontratación irregular y simulada, además de cualquier otra sanción prevista en ley», establece el artículo 15-A.

«(Los contratantes) dispondrán de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de dicha publicación, para cubrir espontáneamente a los trabajadores afectados en sus derechos fundamentales, el monto total que corresponda al reparto o participación de utilidades omitido durante el período de subcontratación ilegal y simulada», se precisa en el transitorio quinto.

Zedryk Raziel
Agencia Reforma


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