ALBERTO MORONES | NTRZACATECAS.COM
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La 63 (LXIII) Legislatura del Estado aprobó, con 24 votos a favor y dos en contra, reformar y adicionar a la Constitución Política del Estado de Zacatecas disposiciones en materia de consulta popular y revocación de mandato.

El diputado Javier Calzada Vázquez enfatizó la relevancia y peso que la iniciativa otorga a la sociedad, al referir que ya no sólo tendrá la decisión de elegir a alguien para un cargo, sino “también va a decidir a quién quitar”.

“Sólo se busca hacer valer los derechos de todos, aunque se diga que la ciudadanía los eligió, también tiene el derecho a equivocarse, pero también a rectificar”, agregó.

El legislador aseguró que esta reforma está orientada a los ciudadanos que no están afiliados a un partido, ya que “la mayoría es apática por la desconfianza de la política”, y esta aprobación da muestra de la defensa de los derechos de la población y que los diputados “no actúan por grupos de interés o una facción”.

Cabe señalar que los diputados que votaron en contra fueron Emma Lisset López Murillo y José Guadalupe Correa Valdez, del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que los ausentes fueron Mónica Borrego (Morena), Perla Martínez (PRI), Pedro Martínez (PAN) y José Juan Mendoza.

Este dictamen, que se hizo llegar por el Congreso de la Unión a los Congresos estatales, establece que para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, tendrán que ser respaldadas por los ciudadanos en un número equivalente, al menos, del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

La reforma enfatiza que no podrá ser objeto de consulta popular “la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales, ni la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, el funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente; temas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será quien lleve a cabo las consultas de forma directa, así como la verificación de los requisitos ya mencionados, organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.


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