ALBERTO MORONES / NTRZACATECAS.COM
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“Es necesario encontrar formas de cumplir lo que establece la nueva Ley General de Educación Superior, con presupuestos dignos, ampliación de espacios y políticas de inclusión, y así lograr un escenario educativo distinto al histórico”, sentenció Axel Didriksson Takayanagui, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Como parte de los foros nacionales que se realizan en las 32 entidades federativas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la mesa de análisis Debates sobre el futuro de la universidad pública en tiempos de la 4T, para exponer algunas propuestas viables acordes al conjunto de cambios del nuevo modelo.

Didriksson Takayanagui expuso que uno de los elementos más nuevos e importantes de la ley es la obligatoriedad de la educación superior bajo la dirección del estado; sin embargo, actualmente muchas “universidades están saturadas”.

Si bien la cobertura del nivel universitario está a 39 por ciento y se busca incrementar para 2024 hasta un 55 por ciento, es decir, 2 millones de estudiantes más, enfatizó que es importante que la Federación contemple “fondos especiales” para garantizar la obligatoriedad y plurianualidad en materia de recursos financieros para fines de mayor infraestructura.

Refirió que, aunque una de las tácticas del gobierno ha sido la creación de las cien Universidades del Bienestar Benito Juárez, éstas “no son universidades enteras, son escuelas con carreras agotadas en regiones de alta pobreza y marginación en el país”, por lo que el compromiso en lo presupuestal “debe ser serio”.

Destacó que dos puntos esenciales para el cambio en la educación superior es acabar con la desigualdad por pobreza, que en México, según indicadores, puede ser “hasta de 70 por ciento de diferencia en oportunidades”, al generar políticas de inclusión afirmativa que permitan el acceso a la educación a las poblaciones marginadas.

Asimismo, dijo, es importante la creación de programas de movilidad académica para estudiantes, profesores e investigadores entre las universidades públicas, además de un sistema de equivalencia de créditos, semestres, cursos, talleres y grados, que puedan ser homologados a nivel nacional para fines de coordinación de las instituciones.

Agregó que se debe favorecer la coordinación interinstitucional por la vía de proyectos conjuntos, que estén en relación directa con los temas más relevantes de la economía, así como ejecutar un fondo de recursos concursables, para garantizar la instalación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Educación Superior y sus programas estratégicos.


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